El 54,6% de los estudiantes de la Comunidad de Madrid están matriculados en centros públicos, frente al 29,5% en centros concertados y el 15,9% en centros privados. En la ciudad de Madrid, tan solo el 39% de los niños están escolarizados en centros públicos. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del nuevo informe de UNICEF Comité de Madrid “La Agenda 2030 en clave de infancia en la Comunidad de Madrid. Propuestas para la acción”, presentado esta semana.
Olga Cantó, Carlos Magro, Cristina Monge, Pepa Horno y Guillermo Santander son los expertos que han analizado, en clave de infancia, el avance en algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030: fin de la pobreza, reducción de las desigualdades, educación de calidad, acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.
“La Comunidad de Madrid presenta algunos datos muy preocupantes, como distinguirse por ser una autonomía en la que hay persistencia de los indicadores de pobreza en hogares con niños y niñas, a pesar de ser una de las regiones del Estado con mayor renta per cápita. Es alarmante que uno de cada cuatro niños y niñas viva en riesgo de pobreza o exclusión. Por ello, tras la publicación de este informe instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a incrementar la protección social a la infancia, con medidas equitativas que beneficien a los más vulnerables”, dice José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España.
En la presentación del informe se han dado a conocer datos como la inversión educativa, que es del 2,26% del PIB, la más baja del Estado; o la segregación escolar, seguramente el indicador más alarmante a nivel educativo, ya que es la más elevada de todas las regiones españolas y una de las mayores de Europa. Según los datos de PISA (2015) un 27% de los niños y niñas deberían cambiar de centro escolar para que la estructura de las escuelas fuese igual que la de la sociedad.
Concretamente sobre la segregación escolar, «Madrid es, con diferencia, la región española con una mayor segregación escolar en Educación Secundaria Obligatoria (PISA 2018) y una de las regiones con más segregación de Europa. Lo es tanto para los estudiantes más pobres como para los socioeconómicamente más acomodados», señala la organización en su informe. Se trata de un indicador que ha empeorado en la última década.
En concreto, en la Comunidad de Madrid el 54,6% de los estudiantes están matriculados en centros públicos, frente al 29,5% en centros concertados y el 15,9% en centros privados. Sin embargo, en la ciudad de Madrid el porcentaje de matriculados en centros públicos es de tan solo el 39%, un porcentaje que baja hasta el 20% en varios distritos del norte y centro de la ciudad, frente a un 80% escolarizados en centros privados o concertados.
Otros datos
En el ámbito de la protección a la infancia el informe refleja que las listas de espera para atender problemas de salud mental infantojuvenil son de seis meses. También es importante destacar los datos de acogimiento familiar vs. residencial: según los últimos datos disponibles, sigue habiendo 140 niños y niñas menores de seis años en acogimiento residencial, 82 de ellos menores de tres años, lo que supone una clara vulneración de la Ley del sistema de protección de la Comunidad de Madrid, así como del principio del interés superior del niño.
En cooperación al desarrollo las cifras son demoledoras. La Comunidad de Madrid tan solo destina el 0,02% del total de su presupuesto a esta materia, muy lejos aún de los compromisos internacionales, fijados en el 0,7% para 2030 y de comunidades como País Vasco, Navarra o Andalucía. Estas cifras contradicen el propio Plan General de Cooperación autonómico, que habla de “establecer unas bases sólidas para la recuperación de la AOD que permita a la Comunidad de Madrid volver a ocupar una posición destacada como donante, acorde con la importancia de la economía madrileña”.
El informe también revela datos positivos. Por ejemplo, en cuanto a desigualdad se ha reducido significativamente el número de hogares con una baja intensidad de trabajo, alcanzando el 3,6%, lo que de mantenerse supondría alcanzar la meta prevista para 2030. En educación destacan positivamente los datos de escolarización temprana, en Madrid a los tres años la escolarización es del 95,1%, o la disminución del abandono escolar temprano, que en 2020 fue del 10% consolidando la tendencia a la baja desde el año 2010.
“Animamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a seguir trabajando en la senda fijada en aquellos indicadores positivos y a desarrollar e implementar medidas para mejorar en las cuestiones en las que la Comunidad se muestra más débil. Creemos que el Gobierno autonómico cuenta con los recursos y la fortaleza para poder acabar con las desigualdades y ofrecer las mismas oportunidades a todos los niños y niñas de la Comunidad de Madrid, y desde UNICEF estamos a su disposición”, asegura José María Vera.
Propuestas autonómicas para la consecución de una agenda global
En el informe “La Agenda 2030 en clave de infancia en la Comunidad de Madrid. Propuestas para la acción” UNICEF Comité de Madrid lanza una serie de recomendaciones, que son:
Establecer metas e indicadores concretos, medibles y ambiciosos en las políticas públicas, destinados al cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, y alineados con la Agenda 2030 y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Incrementar la inversión pública para todos los niños y las niñas, sobre todo los más vulnerables. Pocos indicadores reflejan mejor los avances de una sociedad que su capacidad para proteger el bienestar de los niños. Invertir en la infancia es asegurar la solidez económica, social y democrática en toda la región.
Diseñar y aplicar políticas públicas desde el enfoque de equidad, identificando y eliminando las barreras y ampliando la cobertura y accesibilidad de recursos y servicios.
Promover mecanismos reales de participación para los niños, las niñas y los adolescentes en el proceso de implementación de la Agenda 2030. Los niños son titulares de derechos y actores clave de transformación social y política.
Generar un sistema de recopilación, gestión y calidad de datos e información desagregada a nivel autonómico y local, para tener un conocimiento de la situación de la infancia y adolescencia más preciso y permanente, que permita hacer seguimiento y generar políticas más eficaces y con mayor impacto en los grupos vulnerables.
