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Metro de Madrid ha acordado, sin necesidad de celebrar el juicio previsto para ayer miércoles 18 de noviembre en el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid, indemnizar a la familia de Antonio Morán, el primer trabajador que falleció por amianto en la compañía metropolitana.
El acuerdo se produjo en la sede del Juzgado, donde ambas partes firmaron una comparecencia en la que Metro acepta la demanda de indemnización solicitada por la familia del trabajador, que falleció el 24 de mayo de 2018 a los 57 años como consecuencia de un mesotelioma pleural.
El fallecido contrajo su enfermedad durante su prestación profesional como mecánico de Ciclo Corto. Ahora, y tras el acuerdo alcanzado, Metro de Madrid indemnizará a su hijo y a su viuda, que también mantiene un pulso en la vía penal contra Metro de Madrid.
La viuda de Morán está personada, junto al sindicato CCOO, en la causa en la que se investiga a siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid por la presunta comisión de tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Sus comparecencias están previstas para enero del año que viene tras varias suspensiones por la pandemia del coronavirus.
La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, ha declarado que el sindicato confía en que Metro de Madrid “continúe en esta línea y permita que los trabajadores que han enfermado y/o fallecido por la exposición al amianto vean reconocidas sus enfermedades y también su derecho a una posible indemnización”.
Por ello, CCOO solicita expresamente que se retiren las demandas que Metro ha interpuesto contra el INSS por el reconocimiento de las incapacidades por enfermedad profesional de otros nueve trabajadores ya jubilados, cuatro de ellos fallecidos.
Tanto la sección sindical de Metro de Madrid como CCOO insisten en que este acuerdo no interfiere con la causa penal que investiga a los siete ex responsables de Metro por presuntos delitos contra la seguridad y la salud de los trabajadores, y en la que la familia del fallecido y CCOO están personados como acusación particular.
