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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que su Ministerio ha solicitado para «esta misma tarde» una nueva reunión del Grupo COVID-19 con representantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid después de que el TSJM haya tumbado el cierre de la capital y otros 9 municipios de la región al entender que se vulneran derechos fundamentales.
Así lo ha indicado en su comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Ante esta nueva situación, Illa ha advertido que tomará «las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud».
«El plan A, B y C es proteger la salud pública siempre basándose en las recomendaciones de los expertos», ha incidido Illa. «Pensamos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios», ha expuesto, añadiendo que al Ministerio de Sanidad le «importa muy poco, es decir nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos».
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha anunciado este mismo jueves la denegación, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas en el apartado tercero de la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen medidas preventivas en 10 municipios de la región, entre los que se encuentra la capital, en ejecución de la Orden del ministro de Sanidad por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública.
Se trata del mismo tribunal que hace ya dos semanas sí ratificó el confinamiento selectivo ordenado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de hasta 47 áreas básicas de salud, entre las que se encontraban en su mayoría los distritos del sur de la ciudad de Madrid, como Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde, no entendiendo en ese caso que se vulneraran derechos y las libertades fundamentales.
Los magistrados precisan en su resolución, a la que ha tenido acceso Gacetín Madrid, que “nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre, ya que, como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2”.
“Esta Orden del ministro de Sanidad –recoge el auto- se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Conforme a ello, el ministro de Sanidad aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, obligando con ello a las Comunidades autónomas destinatarias”.
