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El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, entre los distritos madrileños de Latina y Carabanchel, ha reabierto sus puertas con la llegada de 46 inmigrantes argelinos, medio año después de su cierre, en el mes de abril, cuando el Ministerio del Interior dio órden de poner en libertad a los internos de todos los CIEs de España.
El pasado mes de marzo el propio Defensor del Pueblo exigió la liberación de todos los internos ante su «situación particularmente vulnerable» dentro de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19, un escenario que «impide» poder ejecutar la devolución o expulsión de los internos a su país de orígen.
Esta era la respuesta a la queja emitida el 16 de marzo por la Asociación de Abogados Extranjeristas, que reclamaba al Ministerio del Interior el cierre de los CIEs debido a «la pérdida de su función y sentido, al devenir imposible de la ejecución de las órdenes de expulsión a las que supuestamente se deben los internamientos».
El Defensor respondió apoyando la queja y recomendando al Ministerio la puesta en libertad de los internos. Sin embargo, el Ministerio se negó en un principio a poner en libertad a los internos, «pese a que era muy fácil prever que ninguno de ellos podría llegar a ser expulsado debido al cierre de fronteras ocasionado por el coronavirus».
Tal previsión se confirmó días después, mediante un informe requerido por el Juzgado de Instrucción nº 9 a la Policía Nacional en el que ésta reconoce que no puede asegurar que la orden de expulsión podrá ser ejecutada por esa misma razón, motivo por el que se produjo la puesta en libertad de N.B., una de las internas que tenía el plazo más largo para ser expulsada, dado que su internamiento se dictó tan sólo dos días antes de la declaración del Estado de Alarma.
Por tanto, el resto de internos tendría un plazo de ejecución de la expulsión más corto, quedando ese plazo totalmente dentro del cierre de fronteras del Estado de Alarma, no pudiendose ejecutar por ello su devolución a los países de origen, lo que derivó en su puesta en libertad.
La plataforma ‘CIEs No Madrid’ ha denunciado la orden del Gobierno de «privar de libertad a personas en estos centros, poniendo otra vez en funcionamiento estas instituciones disfuncionales que distan de ser lugares con garantía de derechos y condiciones de vida digna».
«Llevamos años denunciando las deficiencias estructurales y de servicios graves que presentan todos los CIE de España, que además de incumplir la normativa y diferentes disposiciones judiciales, imposibilitan el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas a la situación de emergencia en la que todavía nos encontramos y que hacen que el internamiento en estos momentos sea no sólo injusto sino insalubre e inseguro», exponen.
Cuando comenzó la pandemia «advertimos al Ministerio de Interior sobre los riesgos de contagio que implicaba mantener a personas retenidas en los CIE». Finalmente, en los últimos días de marzo dos jóvenes migrantes recién llegados en patera y encerrados en el Centro de Barranco Seco, en las Islas Canarias, «se contagiaron de coronavirus por un enfermero que trabajaba allí y en un centro de salud de la zona. Durante este tiempo, no se han llevado a cabo reformas de ninguna naturaleza que hayan supuesto un cambio en las condiciones de internamiento para que ahora se entienda que sí se garantizan los derechos más básicos».
«Los CIE son espacios de gestión policial opaca, llena de irregularidades y que deja desamparadas a las personas que son encerradas detrás de sus muros», inciden. «Ahora se anuncia una estrategia clara, que persigue internar a personas recién llegadas en pateras de nacionalidad argelina y marroquí o que llegan de Mauritania».
«Una vez más, se refleja el uso de los CIE como una herramienta de la gestión migratoria, utilizando el internamiento para la deportación allí donde es crucial la correcta identificación de personas con necesidades especiales de protección», concluyen desde ‘CIEs No Madrid’.
