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Por primera vez desde la aprobación de este requisito en 2005 y sin comunicación previa, el Ayuntamiento ha decidido exigir a las asociaciones que deseen participar en estos debates que registren su petición de intervención al menos 10 días hábiles antes de la sesión plenaria.
Con esta condición, denuncian, «es materialmente imposible que las asociaciones vecinales puedan participar en los plenos de debate distrital que se celebrarán en los próximos días», por lo que la FRAVM solicita su aplazamiento.
“Desde el tiempo en que Ángel Matanzo era concejal del distrito Centro, siempre hemos podido participar en los debates sobre el estado del distrito sin necesidad de registrar previamente una solicitud, ya que los concejales reservaban una parte de la sesión para que pudiéramos hablar, pero ahora el Ayuntamiento, sin comunicarlo previamente, ha decidido imponer una norma que nunca antes había aplicado, así que no hemos podido participar en el debate que se ha celebrado en nuestro distrito, un debate en el que solo han debatido los políticos, los que ya debaten todos los días”.
Son palabras del histórico dirigente vecinal Manolo Osuna, de la Asociación Vecinal La Corrala de Lavapiés, que el martes, en nombre de las asociaciones vecinales de Centro, denunció la exclusión de estas del Debate sobre el Estado del Distrito que tuvo lugar ayer en las dependencias de la Junta Municipal.
“Si hubiéramos sabido que era necesario registrar una solicitud con diez días de antelación, lo habríamos hecho sin duda, aunque fuera en agosto, en plenas vacaciones”, asegura Osuna.
El Debate sobre el Estado del Distrito se celebra una vez al año en una sesión extraordinaria en cada junta municipal, y sirve para repasar los problemas, demandas ciudadanas y proyectos de mejora del territorio, y por este hecho resulta de enorme interés para las asociaciones vecinales.
Por ello, la FRAVM, organización que agrupa a la inmensa mayoría de ellas, pide al Ayuntamiento de Madrid que retrase la celebración de los debates fijados para las dos próximas semanas con el fin de que puedan presentar en plazo sus propuestas de intervención.
Si no atiende esta petición, el 15 de septiembre tendrá lugar el Debate sobre el Estado del Distrito en las juntas de Salamanca, Chamartín, Puente de Vallecas y Barajas, el 16 en Moratalaz, el 17 en Carabanchel y Usera y el 24 de septiembre en Moncloa-Aravaca, y «mucho nos tememos que todas las sesiones se celebrarán sin la participación de las asociaciones declaradas de utilidad pública municipal y con domicilio social y ámbito de actuación en el Distrito, que son las que pueden intervenir en ellas».
Tras conocer lo sucedido en el distrito Centro y recabar la información necesaria, la FRAVM envió el martes por la tarde una circular a todos sus colectivos federados de la capital informando de la obligación de registrar las propuestas de intervención al menos diez hábiles antes de la celebración de la sesión del debate si desean participar en él, pero para las asociaciones de los distritos citados la advertencia llegó demasiado tarde. Por eso, y «en aras de facilitar la participación ciudadana», la FRAVM insiste en el aplazamiento de los debates del mes de septiembre.
“En vez de poner facilidades para que la vecindad pueda participar en los asuntos públicos a través de los pocos espacios que lo permiten, el Ayuntamiento nos pone trabas, aplicando en sentido estricto un norma que nunca ha aplicado y, lo que es peor, sin advertirlo previamente”, sostiene el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos.
“Aunque no nos guste un formalismo tan rígido como este y pensamos que los procedimientos deberían ser más ágiles, sencillos y flexibles, a partir de ahora sabremos a lo que atenernos, pero no podemos consentir que por falta de tiempo para presentar la solicitud, los próximos debates del estado del distrito se queden sin la participación de su tejido asociativo”, remacha.
La regla de los diez días aparece recogida en el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, una norma que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 10 de enero de 2005. Sin embargo, desde entonces era una directriz que nadie había aplicado ni requerido.
