- Según datos del Ministerio de Transportes, hay cerca de 1.000 VTC con etiquetas B y C que vulneran la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
- Alfredo González: “El sector del taxi lleva años adaptándose a criterios ambientales y el Gobierno Municipal ni se sienta a dialogar con ellos ni atiende a sus reivindicaciones”.
- El edil del PSOE entiende que «la pasividad» del Ejecutivo de la Ciudad «justifica las movilizaciones de los taxistas».
El portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Alfredo González, recuerda que “la primera obligación de un gobierno municipal es cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico”.
Advierte que la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en vigor desde el 24 de octubre de 2018, deja claro que ningún taxi ni VTC que se dé de alta desde esa fecha y tenga etiqueta B, C o carezca de ella puede circular por la ciudad de Madrid.
La Federación del Taxi ha denunciado a principios de marzo que, según datos del Ministerio de Transportes, hay cerca de 1.000 VTC con etiquetas B y C que» vulneran la Ordenanza de Movilidad Sostenible, generan un impacto negativo sobre la calidad del aire y falsean gravemente la competencia con el taxi, que lleva años haciendo esfuerzos para adaptarse a criterios ambientales». “Han pasado 4 meses y no han hecho nada, como sería su deber, para que los VTC acaten el ordenamiento jurídico”, expone el edil del PSOE.
Los taxistas piden que se cumpla la Ordenanza, que se apruebe una regulación transitoria del sector, ante el descenso de la demanda, “y que se sienten a dialogar con ellos”. Y añade que “la pasividad del Gobierno Municipal justifica sobradamente las movilizaciones que están llevando a cabo”.
«Esa pasividad se hizo evidente con el veto que hizo el Ejecutivo de la Ciudad a todas y cada una de las propuestas que hizo el PSOE en apoyo al sector del taxi en la Mesa de negociación de los Acuerdos de la Plaza de la Villa”, denuncia.
Pide González que, tras el generoso esfuerzo del taxi durante los peores momentos de la pandemia de la COVID-19, lo menos que puede hacer este Gobierno es mostrarles el respeto y la consideración que se merecen y atender a sus reivindicaciones”.