El Real Decreto-Ley en el cual se establece la prórroga hasta finales de septiembre de las medidas para aliviar la carga financiera de hipotecas y prestamos, protección a los arrendatarios vulnerables, garantizar los suministro básicos y reactivación del transporte y la vivienda, el llamado «escudo social», ha entrado en vigor este jueves tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Alivio de la carga financiera de hipotecas y créditos no hipotecarios
Con el fin de aliviar la carga financiera de las personas en situación de vulnerabilidad, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, inmuebles afectos a actividades económicas y viviendas destinadas al alquiler se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses. A 30 de junio, se ha concedido esta ayuda a más de 200.000 personas, el 83% de las solicitudes registradas.
Igualmente, la moratoria sobre créditos sin garantía hipotecaria y créditos al consumo, de la que se han concedido más de 384.000 solicitudes -el 85% de las presentadas-, se extiende en el mismo plazo.
Protección a los arrendatarios vulnerables
La prórroga de los seis meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. Se amplía también a esa fecha el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta, o la condonación total o parcial de la misma, de los contratos de arrendamiento de vivienda, en caso de que el arrendador sea un gran tenedor, para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad económica.
Garantizados los suministros básicos
Con el objetivo de garantizar el acceso a los suministros básicos de los consumidores vulnerables, el Gobierno ha anunciado que se amplía el bono social hasta el 30 de septiembre. Además, se extiende la garantía de suministros de agua y energía a consumidores domésticos, en vivienda habitual, hasta la misma fecha. Esto se suma a la paralización de los desahucios, que estará vigente hasta el 2 de octubre de 2020.
Reactivación en los ámbitos del transporte y la vivienda
El Consejo de Ministros ha aprobado medidas para reactivar la economía en los ámbitos de los transportes y de la vivienda y afrontar el impacto del coronavirus.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha explicado que la norma tiene tres objetivos: proteger la salud de los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales; proporcionar liquidez a las empresas del sector del transporte para preservar su variabilidad, potenciar su actividad e impulsar su recuperación; y reducir las cargas administrativas.
El importe económico de las medidas para empresas privadas del sector del transporte y para la reducción de tasas portuarias asciende a 663 millones de euros, a los que hay que sumar 1.000 millones para aumentar la capacidad de endeudamiento de RENFE, con el fin de compensar la caída de la demanda e impulsar la recuperación de servicios. Otros 110 millones van destinados a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA) para que atienda sus compromisos de obras públicas en curso.
José Luis Ábalos ha precisado que estos fondos se suman a los 800 millones de euros destinados al transporte público en las comunidades autónomas y a las ayudas fiscales al sector para dar respuesta al impacto del coronavirus.
El ministro ha precisado que, en el sector aéreo, el Real Decreto-ley establece que las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo serán obligatorias.
Respecto al sector marítimo, Ábalos ha destacado que se amplía temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación, y se facilitan las inspecciones que deben pasar los navieros españoles.
En el sector del transporte por carretera, se posibilita una moratoria en el pago del principal de las cuotas de todos los préstamos para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos o para empresas del transporte discrecional de viajeros. Las medidas adoptadas, ha concretado el ministro, permitirán un aplazamiento de hasta 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías y de hasta 250 millones para el transporte discrecional de viajeros.
Medidas en el ámbito de la vivienda
El Real Decreto-ley incorpora medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda para proteger a las familias y reactivar el sector. Ábalos ha anunciado que el Gobierno aporta a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) la concesión de suelo público, que puede durar hasta 75 años, para que empresas privadas construyan viviendas en alquiler social.
El ministro ha señalado que es una medida «muy incentivadora» para dinamizar la economía, generar una expectativa al sector inversor comprometido con la vivienda y generar un parque de vivienda pública superior al actual.
Por otra parte, las comunidades autónomas que no hayan ejecutado el dinero recibido del Plan Estatal de Vivienda no tendrán que devolverlo si lo aplican a otros planes relacionados con el acceso a la vivienda.
