Las decisiones de la Consejería de Educación con respecto al servicio de comedor de los centros educativos «no sólo ponen en riesgo la alimentación y la salud de los menores con derecho a este servicio, sino también a los trabajadores y trabajadoras de las empresas que lo suministran», denuncian.
Comisiones Obreras ha tachado de “escandalosa” la gestión del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso con respecto a los comedores escolares. El sindicato, que ha reiterado en varias ocasiones su crítica al modelo de alimentación utilizado por la Comunidad de Madrid con respecto a los menores con derecho a beca comedor –en referencia a la contratación de empresas como Telepizza o Rodilla para realizar esta labor-, ha mostrado ahora también su rechazo a la última de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación.
Se trata de la publicación de la Orden nº 1078/2020, de 29 de mayo, «por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión temporal de la ejecución de los contratos basados en el acuerdo marco del suministro de menús escolares a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid».
Para CCOO esta orden conduce al sector de colectividades y a sus plantillas a una nueva “ceremonia de la confusión”. La citada orden señala la previsión por parte del departamento que dirige Enrique Ossorio de organizar sesiones de refuerzo de carácter presencial para alumnos de Educación Primaria que lo necesiten y decidan acudir de forma voluntaria desde el 8 de junio hasta la finalización del curso el día 19.
Sin embargo, la reapertura de los centros para estos alumnos, tal y como especifica la orden, “no incluirá el servicio de comedor escolar”, con el consiguiente déficit en la atención a este alumnado.
Desde el sindicato añaden que abrir de nuevo los centros educativos sin el servicio de comedor, aunque la asistencia tenga carácter voluntario, «tiene un impacto directo tanto en los menores como en las familia que imposibilita esa voluntariedad al no cubrir esas necesidades básicas».
«A las consecuencias de esta decisión para el alumnado y sus familias se unen también los efectos que tendrá sobre los trabajadores y trabajadoras de las empresas encargadas de prestar este servicio de catering en los centros educativos y a los que, a partir del 1 de junio, se les obligará a volver de nuevo a una actividad que no se va a prestar», exponen desde el sindicado.
Por ello, «los trabajadores y trabajadoras de las empresas de colectividades corren ahora el riesgo de que les suspendan el contrato antes de tiempo, previamente a la finalización del curso escolar programada para el 19 de junio, ya que el 1 de junio y tras la orden emitida por Educación las empresas dejarán de recibir las indemnizaciones que hasta ahora venían percibiendo tras la suspensión de sus contratos el pasado 11 de marzo con la paralización de la actividad educativa presencial, y que habían permitido a parte de sus plantillas garantizar sus salarios o una parte de ellos».
Para CCOO la situación menos perjudicial para las plantillas de estas empresas sería que fuesen incorporados a un ERTE hasta la finalización oficial del curso escolar, de manera que “no se carguen sobre sus espaldas”, sobre todo la de los denominados como “fijos discontinuos”, esos 20 días de desempleo a causa de la orden emanada hoy de la Consejería de Educación.
Una de las «prioridades» para el sindicato en relación a este colectivo «es precisamente la protección específica para los contratos Fijos Discontinuos, tan extendidos en el sector». Por ello, hacen un llamamiento al Ejecutivo estatal para que «garantice una protección por desempleo para las personas trabajadoras en situación de ERTE, incluidos los contratos fijos discontinuos, mediante prestaciones y ayudas públicas suficientes, sin exigencia de carencia, y la reposición de las prestaciones que pudieran consumirse durante la situación legal de desempleo temporal».
A juicio de CCOO la actuación de la Comunidad de Madrid con respecto a este sector ha sido de “absoluto descontrol”, con empresas en las que sus trabajadores sí han podido cobrar sus salarios frente a otras en las que la declaración de ERTE les era rechazada, «con lo que las plantillas entraban en un bucle de entradas y salidas de expedientes de regulación temporal que les ha llevado a estar sin ingresos durante buena parte de la crisis».
Desde CCOO consideran que la fuerza mayor derivada del Estado de Alarma, que ha suspendido la actividad productiva, persistirá específicamente en este sector una vez se levante este periodo decretado por el Estado. Como consecuencia la actividad «tardará más tiempo aún en recuperarse». Por ello, solicitan «ampliar la concurrencia de esa fuerza mayor manteniendo las condiciones actuales, sin perjuicio de que esta se extienda si persistieran las circunstancias y previa consulta a los agentes sociales».
