Los regidores de las siete ciudades más pobladas de España han aprobado esta mañana, tras reunirse por videoconferencia, una declaración conjunta frente a la crisis sanitaria y socioeconómica que ha provocado la pandemia de COVID-19.

Con esta declaración, suscrita por los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia, se busca reforzar la unidad, la responsabilidad, la solidaridad, la coordinación y la cooperación entre ciudadanía y administraciones públicas para poder enfrentarse al “reto de mayor envergadura que ha sufrido la sociedad española en democracia”.

La declaración, aprobada tras la reunión de Almeida con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los alcaldes de Valencia, Joan Ribó; Sevilla, Juan Espadas; Zaragoza, Jorge Azcón y Murcia, José Ballesta, así como con la primera teniente de alcalde de Málaga, Susana Carrillo, hace especial hincapié en la necesidad de realizar un cambio del marco financiero global que permita a los municipios hacer frente a todas las necesidades que han surgido desde que se declaró la emergencia sanitaria.

En primer lugar y como medida fundamental dentro de las reclamaciones que se han acordado, se solicita que “se nos permita hacer uso de los remanentes acumulados de ejercicios económicos anteriores sin ningún tipo de limitación”.

Es necesario que, tal y como ha venido solicitando el Ayuntamiento de Madrid en boca del propio alcalde José Luis Martínez-Almeida, durante las últimas semanas, que el Gobierno de la nación modifique la Ley de Estabilidad para introducir nuevos supuestos de aplicación del superávit que permitan, en ciudad de Madrid, destinar más de 420 millones de euros a acciones de lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas.

A esta reclamación fundamental que, de ser atendida por el Gobierno, evitaría que todos los municipios españoles tuviesen que realizar una amortización anticipada de deuda a los bancos sustrayendo importantes fondos a la lucha contra la COVID-19, la protección de los más vulnerables y a medidas para la necesaria reactivación económica, se han sumado las siguientes:

  • Que se suspendan los plazos establecidos para la presentación de los planes económico-financieros mientras dure el estado de alarma.
  • Que se flexibilicen los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público.
  • Que los grandes ayuntamientos tengan acceso a los fondos europeos extraordinarios para la mitigación de la crisis.
  • Que se habiliten fondos nacionales en los que puedan participar los consistorios para financiar los grandes déficits de tarifa que se están generando en el transporte municipal, incrementar la prestación de servicios sociales y participar en el desarrollo de políticas de empleo.
  • Que el Estado permita a los ayuntamientos avalar líneas de crédito para ayudar a autónomos y pymes.

Dentro también del ámbito económico, la declaración considera esencial que “se desplieguen con la mayor rapidez posible medidas normativas y fiscales de ámbito estatal y municipal para que los ayuntamientos podamos adoptar en coherencia con ellas nuestras propias decisiones con espíritu complementario y la máxima inmediatez que requieren estas circunstancias”.

Asimismo, todos los grandes ayuntamientos de España consideran necesario tener una participación activa en los planes estatales y autonómicos relacionados con las crisis del coronavirus. “Estamos en la primera línea de exposición, estamos participando activamente en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias y queremos seguir haciéndolo”, por ello solicitan la colaboración de todas las administraciones, piden estar presentes en la toma de decisiones y subrayan la necesidad de disponer de todos los recursos suficientes en esta lucha.