Varios centenares de vecinos de Villa de Vallecas han participado esta mañana de sábado, 8 de febrero, en una marcha reivindicativa hasta la incineradora de Valdemingómez para reclamar al Ayuntamiento de Madrid el cierre de la instalación en 2025, tal y como se comprometió el equipo de Gobierno de Manuela Carmena.
Bajo el lema «La incineración no es la solución», la marcha convocada por la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Ecologistas en Acción y GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente) ha partido a las 11:00 horas de la estación de Metro de La Gavia y, tras un recorrido de 9 kilómetros, ha llegado a la planta de tratamiento de residuos.
La semana pasada, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el “allanamiento judicial” de la corporación en la causa judicial que la Comunidad de Madrid emprendió el pasado mes de julio contra la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos de la ciudad, una decisión que «pone en riesgo la ejecución de algunas de sus medidas más importantes, como el cierre de la incineradora de Las Lomas en 2025». Este es el temor de los colectivos ecologistas y vecinales, que llevan 25 años peleando por este fin.
Portavoces de las tres entidades han leido un comunicado en el inicio del paseo reivindicativo y han desplegado una pancarta con el lema «La incineración no es la solución». En su transcurso, han pedido que «se respeten los plazos de clausura establecidos en el anterior mandato municipal, es decir, la reducción del 50% de la basura quemada en 2022 y el cierre definitivo de la planta tres años después».
El único documento oficial en el que aparece este calendario es la estrategia cuya aprobación ha recurrido el Gobierno regional, y la última decisión del ejecutivo de Martínez-Almeida no trae más que malos augurios.
«¿Por qué el Ayuntamiento no ha optado por subsanar los errores administrativos que rodearon la aprobación de ese plan, en vez de enterrarlo para siempre? ¿Qué aspectos de su contenido rechaza?», se preguntan las organizaciones citadas, que el pasado 8 de noviembre se reunieron con el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, con la intención de resolver, hasta ahora en vano, este tipo de dudas.
La FRAVM se ha personado en el procedimiento contencioso administrativo iniciado por la Comunidad de Madrid con la intención de defender los avances que recoge la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos, «un plan que aunque dista mucho de ser perfecto sitúa a la ciudad en la senda correcta, la marcada por Europa».
«¿No sería más sensato corregir aquello que está mal hecho en vez de tirar a la basura todo el plan y volver a la casilla de salida, a empezar de cero? Asuntos tan importantes como este, donde está en juego no solo la conservación medio ambiente sino la propia salud de las personas, deberían quedar siempre fuera de las peleas partidistas y situarse en lógicas de cooperación y suma. Un mensaje que el sábado recordarán los manifestantes», exponen.
La instalación de Las Lomas es capaz de tratar diariamente unas 900 toneladas de residuos, que proceden de los rechazos de los procesos de tratamiento y clasificación de las plantas de La Paloma, Las Dehesas y la propia planta de Las Lomas, del Parque Tecnológico.
En 2018 la incineradora quemó 328.680 toneladas de residuos, su máximo histórico y el límite teórico que puede admitir. «Con estas cifras es evidente que la instalación, que actualmente funciona a pleno rendimiento, no puede asumir más basura. Y sin embargo, Valdemingómez acoge, desde el 28 de diciembre, la mayor parte de las 230.000 toneladas residuos anuales que hasta ese momento se llevaban al vertedero de Alcalá de Henares. ¿Qué parte de esta inmundicia es incinerada actualmente en Las Lomas?», se preguntan.
Este incremento de los residuos que gestiona el Parque Tecnológico es otro elemento que pone en riesgo la clausura de la incineradora, y por razones como esta el pasado 24 de enero la FRAVM solicitó a los tribunales la paralización cautelar de la llegada de la basura de la Mancomunidad del Este. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, que lleva la causa, no ha adoptado aún una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por la organización vecinal.
