- La Comunidad de Madrid, que según el informe PISA es la región española que menos invierte por alumno y la que más segrega a los que menos recursos tiene.
- Regiones como Castilla-La Mancha (83%), Extremadura (81%), Canarias (76%) o Andalucía (74%) se encuentran muy lejos de la Comunidad de Madrid.
- La Comunidad de Madrid asegura que los resultados del informe PISA no son fiables por fallos en la aplicación de las pruebas.
La OCDE ha hecho públicos los datos del informe PISA 2018, el primero que evalúa la LOMCE con respecto al alumnado de 15 años (sujeto del estudio), que en 2018 cursaba ESO o FP Básica y entró en 1º de Primaria en el curso 2009/2010, momento de los recortes más fuertes en Educación por la crisis.
Según este informe, los resultados en la Comunidad de Madrid muestran una gran bajada, que triplica la global de España, y no cumplen con las expectativas que tenía el Gobierno regional, que estos últimos años había dado mucha importancia a dicho informe y había reivindicado sus buenos datos pese a su bajo gasto en Educación.
La Comunidad de Madrid, que según el informe PISA es la región española que menos invierte por alumno (apenas 4.000 euros anuales) y la que más segrega a los que menos recursos tiene, ha pasado de estar en segunda posición a la penúltima (54%), solo por delante del País Vasco (51%).
Regiones como Castilla-La Mancha (83%), Extremadura (81%), Canarias (76%) o Andalucía (74%) se encuentran muy lejos de la Comunidad de Madrid. La media de España es del 68%.
En este informe PISA 2018, Madrid ha perdido 29 puntos en Ciencias y 17 puntos en Matemáticas. De la puntuación de 2015, con 503 en Matemáticas y 516 en Ciencias, se ha pasado a 486 en Matemáticas y 487 en Ciencias.
Cataluña, otra región con mucho poder económico, adelanta a Madrid aunque pierde 10 puntos en Matemáticas y 15 en Ciencias.
Según inciden desde CCOO Madrid, para el caso de Ciencias en concreto «hay un hecho claro: que la asignatura de Ciencias se imparta –en más del 40% de los IES de Madrid- a muchos de sus alumnos en inglés puede estar detrás de esta fuerte bajada: 29 puntos, el triple que la media de España».
También achaca esta caída a «los recortes»: en 2014 se gastaron 9.106 millones de euros menos que en 2009 -un 17%- en gasto público educativo. En 2017, con medio millón de escolares más, se gastaron 4.437 millones de euros menos que en 2009. En Madrid este recorte aún alcanza los 1.000 millones menos que al inicio de la crisis.
«Esta reducción -exponen desde CCOO- castigó especialmente a nuestra región, pues fue la comunidad en la que los recortes fueron más grandes y la que se mantiene aún a la cola del gasto en educación entre todas las comunidades autónomas».
Así, en su edición de 2108, los directores del 49% de los centros españoles con mayor proporción de alumnado en desventaja social se quejaban de la falta de profesorado, frente al 34% del total de la OCDE.
Junto a las inversiones, los programas de apoyo y atención a la diversidad «han sido los más afectados por la reducción de gasto. Esta reducción castiga especialmente a los centros públicos que, en términos relativos, tienen más alumnado en estos programas. Es decir, la educación muestra una fuerte inercia que preserva su equidad, pero su deterioro, de no detenerse ya, también tendrá efectos profundos».
Inciden en que los resultados del alumnado de centros de diferente titularidad son prácticamente los mismos, una vez descontado el efecto que sobre los resultados suponen el entorno socioeconómico y cultural del alumno (medido por el ISEC: Índice Socioeconómico y Cultural) y de su familia, de un lado, y -en menor medida- del centro, de otro lado.
En las páginas 112 y 113 se afirma: «Finalmente, si se tienen en cuenta el ISEC de los estudiantes y el de los centros educativos, se puede ver que en algunos casos las puntuaciones medias estimadas de los estudiantes de centros públicos son más altas que las de los estudiantes de los centros privados, aun-que las diferencias de rendimiento estimadas no son estadísticamente significativas ni en España, ni en ninguna de las comunidades y ciudades autónomas.»
Es decir, descontando el efecto del contexto del alumnado y centro, no hay diferencias de resultados entre públicos y privados, concertados o no. De hecho, en la media de la OCDE y de España, los resultados de los centros públicos son (y han venido siendo en pruebas PISA anteriores) ligeramente más altas que las de los privados, descontados el ISEC, diferencia que no es significativa.
La Comunidad de Madrid asegura que los resultados del informe PISA no son fiables por los fallos en la aplicación de las pruebas
La Comunidad de Madrid considera que los fallos detectados en la aplicación de las pruebas de Lectura hacen que los resultados del informe PISA «no sean fiables».
Según ha destacado el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, los datos de la serie histórica desde que PISA hace muestra ampliada por regiones reflejan que «nunca, en ninguna comunidad autónoma, la variación en los resultados de las competencias analizadas entre una edición y otra había sido tan grande como ha ocurrido en los resultados de Ciencias en la Comunidad de Madrid (-27 puntos)».
De hecho, «si se compara la variación de los resultados de la media de España en Ciencias y Matemáticas con la misma variación en la Comunidad de Madrid, (-5 en Matemáticas y -10 en Ciencias de España frente a -17 y -29 de Madrid respectivamente), se observa que la variación se triplica, y precisamente, en nuestra Comunidad, el porcentaje de errores también se triplica cuando aplicaban la prueba los grupos 2,3 y 6 que se corresponden con un tercio de los grupos de aplicadores».
No es la primera vez que la OCDE anula los resultados de algunos países en las pruebas PISA. Concretamente en 2006, en Estados Unidos hubo problemas con la impresión de la prueba en papel de algunos cuadernillos lo que afectó notoriamente los ítems relativos lectura, y por esta razón, los datos no se incluyeron en el promedio de la puntuación de la OCDE.
En 2015, en Argentina hubo una alteración de los centros seleccionados y los resultados fueron anulados y excluidos por la OCDE.
Asimismo, el Gobierno madrileño ha criticado que la OCDE haya introducido en el informe PISA a 42 países que no forman parte de la propia organización internacional, lo que se ha traducido en una modificación de la metodología de las diferentes pruebas, «restando fiabilidad a las comparaciones entre años países y regiones».
«Debe analizar los resultados, buscar las causas y hacer los cambios que sean necesarios»
Por su lado,CCOO considera que Enrique Ossorio, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid en 2015, «ha tenido una reacción muy diferente de la que tuvo entonces».
«Ha negado la mayor y ha impugnando todo el informe PISA tras pedir, sin éxito, la anulación de toda las pruebas. La OCDE tuvo precaución de anticipar, hace un par de semanas, que no publicaría, de momento, los resultados de España correspondientes a Lectura por considerar que ciertos problemas en los datos de la prueba podrían restar rigor a los resultados».
Estos problemas afectaban a alrededor de un 5% de los alumnos de toda España, una proporción muy pequeña de los estudiantes, algo que se ha observado sobre todo en determinados centros educativos de algunas zonas, entre ellas algunos centros de Madrid.
El sindicato entiende que esta prevención de la OCDE «es la excusa que ha querido encontrar la Consejería para justificar unos resultados que no cumplen con las expectativas del Gobierno regional. Pero con ello, lejos de menoscabar a la OCDE, se está desacreditando la propia Consejería, incapaz de sacar provecho de una evaluación que sólo entiende como una clasificación que le vale, si está ocupando los primeros puestos, para instrumentalizarla como forma de legitimar sus políticas».
«No es nuevo y no debería sorprendernos, pero sigue sorprendiéndonos porque se trata nada menos que del futuro de nuestras niñas y de nuestros niños», afirma Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.
Según ella el Gobierno de Madrid «debe analizar los resultados, buscar las causas y hacer los cambios que sean necesarios, entre los que se encuentran de forma prioritaria revertir los recortes o analizar que ocurre con los aprendizajes que se realizan en una lengua que no es la materna».
«Y eso debe hacerlo escuchando y buscando consensos, en el marco de nuestro consenso constitucional y no fuera de él como ha empezado a hacer», concluye Isabel Galvín.
