El colegio Santa María de la Hispanidad, situado en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas y subvencionado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, ha rechazado por mayoría de su Consejo Escolar las reinvindicaciones de sus alumnas, y también de sus alumnos, para que las niñas puedan llevar pantalón.
Ya el pasado mes de junio, 320 alumnos y alumnas del centro concertado, que tiene alrededor de 1.200 jóvenes de entre 3 y 18 años, firmaron una petición en este sentido, que fue remitida a la dirección.
En ella, pedían al colegio que se permitiera acudir a las niñas a clase con pantalón largo, afirmando que en invierno pasan mucho frío, que se se sienten observadas, que algunas de las niñas tienen complejos, que les dificulta la movilidad cuando tienen que correr e incluso con el viento se les levanta y les hace sentir muy incómodas.
Tras esta solicitud, el director del centro no se negó y decidió someterlo al Consejo Escolar a final de curso. Ahora, al inicio del curso siguiente, se ha conocido su respuesta y parece ser que este órgano no opina igual que su alumnado, y ha rechazado suprimir la obligatoriedad de llevar falda para las niñas.
Las propias familias del alumnado lamentan esta oportunidad perdida, ya que durante este curso se ha renovado el uniforme con cuatro prendas nuevas, pero no se ha incluido el pantalón largo para las chicas. Aunque se incide en que en invierno se les permite llevar a las niñas leotardos, medias o calcetines.
El propio centro expone que existe un control sobre la «adecuada» indumentaria, y se evita en todo momento casos en que la falda sea, por ejemplo, más corta de lo normal, sancionando a la alumna con su exclusión del centro hasta que lleve una falda con las medidas establecidas.
Por su lado, la FAPA Giner de los Ríos ha denunciado que la dirección del colegio concertado Santa María de la Hispanidad no atendiera la petición de los padres y alumnos y ha reclamado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que «no apoye a centros que no favorezcan la igualdad». Para la FAPA, esta decisión es «una barbaridad» y supone «un paso atrás en la igualdad».
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A pesar de no tener competencias ni el ayuntamiento ni la comunidad en los centros escolares si pueden quitar las subvenciones al centro y los padres saltarse la norma haber si son capaces de echar a los 1.200 alumnos.