El Comité de Ética de la Policía Municipal de Madrid ha tramitado su primer caso, desde que empezó a funcionar el 12 de febrero de este mismo año. La asociación AMALGAMA, compuesta por mujeres migrantes, que trabaja desde hace casi una década por la igualdad y contra las violencias machistas, cursó una solicitud oficial en marzo para trasladarles “la situación de revictimización que sufren las mujeres víctimas de violencia de género cuando van a interponer una denuncia, pues tienen que contar su historia en reiteradas ocasiones y esto tiene graves consecuencias en la salud mental de las mismas”.

El comité de Ética de la Policía Municipal es un órgano de deliberación, con carácter consultivo, plural e interdisciplinar, creado para el análisis y asesoramiento de las cuestiones y conflictos éticos que se puedan producir en la práctica policial, y tiene como finalidad «contribuir a la mejora de la calidad del trabajo policial, proteger los derechos de la ciudadanía de Madrid y ser un espacio de reflexión para el debate ético en el campo de la seguridad pública».

AMALGAMA se dirigió a este cuerpo municipal para señalar que cuando acompañan a mujeres migradas que sufren violencia de género a interponer una denuncia, “en un primer momento deben contarlo a la Policía Municipal y posteriormente contar la misma historia a la Policía Nacional, que posee competencias sobre este delito”, y explican que esto genera en las mujeres “altos niveles de ansiedad y profundo malestar emocional, puesto que recordar estos hechos de violencia significa para ellas revivir los golpes, humillaciones y vejaciones”.

El Comité de Ética contactó con la jefa de la Unidad de Atención y Protección a la Mujer, Mayor y Menor de la Policía Municipal de Madrid (UAPMMM), Marta Fernández Ulloa, quien, tras estudiar el caso, ha señalado que “existen protocolos de colaboración y coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, si bien es cierto que deberían actualizarse en algunos aspectos y desarrollarse íntegramente, como Protocolo Operativo de Coordinación de Policía Judicial en Madrid”.

Fernández Ulloa señala también que “esta imposibilidad del desarrollo íntegro de las funciones de policía judicial se traduce en una pérdida de optimización de los recursos policiales, ya que las diligencias policiales y la confección del atestado solo se pueden realizar en las comisarías zonales del CNP, con la sobrecarga que ello sobrelleva y  la dilatación en los tiempos de espera (pueden tardar hasta 2 o 3 horas)”.

“Además –añade- hay una pérdida de calidad del servicio que se presta, ya que estas mujeres, en lugar de ser atendidas por nuestra unidad, especializada en la materia, y que es la que presta un servicio de emergencia, se ven obligadas a dirigirse a comisarías de Policía Nacional y tener que contar todo de nuevo”.

Necesidad de un protocolo coordinado entre cuerpos

La jefa de  la Unidad de Atención y Protección a la Mujer finaliza su informe señalando que “a criterio de este comité, estamos ante un conflicto de valores. Por un lado, la aplicación de la norma, o valor normativo, en el sentido de que la denuncia se tiene que interponer en comisarías del CNP, que son quienes tienen competencia al respecto, y por otro lado lo que llamamos el valor de protección, en el sentido de cuidar y proteger a la víctima procurando no provocar situación de revictimización que generan consecuencias psicológicas indeseables que habría que poder evitar”.

Por todo ello, el Comité de Ética hará una recomendación solicitando la revisión de los protocolos y acuerdos existentes en relación con las competencia del los cuerpos policiales para los tipos penales relacionados con violencia de género, en concreto las referidas a la instrucción de atestado por parte de la UAPMMM, “máxime cuando los recursos que se ofrecen a la víctima don de naturaleza y ámbito municipal”.