Este mes de marzo el Defensor del Pueblo ha hecho entrega del informe anual que recoge su gestión de las actividades y actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año 2017.
Este mes de marzo el Defensor del Pueblo ha hecho entrega del informe anual con las actividades y actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año 2017. Entre ellas se recoge la peticion a la Consejería de Policías Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que se informe de las ausencias de menores tutelados de sus centros de acogida. Ademas, desde el Defensor del Pueblo se valora negativamente los programas de alojamiento de estos menores de edad en hostales.
Una fundación solicitó la intervención del Defensor del Pueblo ante la situación en la que se encontraba un grupo de nueve menores en un parque cercano a un centro de protección, situado en el madrileño distrito de Hortaleza. Fueron localizados mojados y con frío a causa de la lluvia y de las bajas temperaturas.
Se iniciaron actuaciones con la Fiscalía General del Estado, los servicios de protección de menores y la Policía Nacional. La Fiscalía General informó del seguimiento por el fiscal de Sala Coordinador de Menores de los menores que pernoctan en el parque y de las reuniones mantenidas con la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid para solventar las reiteradas fugas de estos menores de los centros y su presencia en el parque. Asimismo, se comunicó el traslado de este asunto a la Sección de Menores de la Fiscalía de Madrid, a efectos de aclarar la situación generada y corregir el protocolo de actuación de la Policía Nacional en situaciones semejantes.
La Consejería de Políticas Sociales y Familia ha remitido los datos de los menores implicados que figuran en sus expedientes, en tanto que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha informado de los que constan en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. Tras el estudio de dicha información, se ha comprobado por parte del Defensor del Pueblo la falta de actualización de las bases de datos policiales, que tampoco reflejan la fuga de los menores de los centros de protección asignados.
A la vista de lo anterior, se ha concluido la actuación, comunicando a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que la exactitud de los datos contenidos en el citado registro constituye uno de los instrumentos más eficaces de la protección del interés superior de los menores y es la única información fidedigna sobre los mismos, siendo además una herramienta imprescindible para su localización, en caso de abandono del centro de protección.
Asimismo, se ha recordado a la Consejería de Políticas Sociales y Familia el deber legal que le incumbe de informar puntualmente de las modificaciones de la situación de los menores y de su ausencia de los centros de protección asignados a las autoridades policiales, al objeto de mantener actualizado el citado registro.
A finales de 2016 se tuvo conocimiento de la situación en la que se encontraban un número indeterminado de menores tutelados por los servicios de protección madrileños, alojados en habitaciones de hostales del centro de Madrid. Habían sido derivados a un programa de transición a la vida adulta gestionado por una asociación. La entidad compareciente afirmaba que el citado programa tan solo era utilizado por menores extranjeros no acompañados, de 15 años hasta la mayoría de edad.
Se afirmaba que estos menores habían sido alojados en hostales en el centro de Madrid, proporcionándoles el desayuno y las comidas en establecimientos hosteleros próximos. Los menores vivían solos en habitaciones de hostales, sin contar con un control y con un apoyo constante de educadores, que únicamente les visitaban de modo ocasional. Por último se afirmaba que no contaban con una asignación económica que les permitiera hacer frente a los gastos en transporte, recarga de móvil o ropa.
En su respuesta, la Consejería de Políticas Sociales y de Familia comunicaba que el citado programa, denominado de «seguimiento externo» estaba destinado a menores que se encontraban en una fase avanzada de su proyecto de autonomía. Dos educadores, contratados por la asociación adjudicataria del servicio, se encargaban de diez menores que se encontraban alojados, como se ha señalado anteriormente, en habitaciones de hostales.
Por último, se informaba de que el programa había finalizado en enero de 2017. Por lo anterior, se solicitó la remisión de la evaluación del programa que, tras varios requerimientos, fue remitida a finales de 2017.
A juicio de la citada consejería, el alojamiento en hostales se está llevando a cabo con éxito en otras comunidades autónomas. Sin embargo, consideran que en el caso de la Comunidad de Madrid hubo de finalizar debido a la repercusión en medios de comunicación y a su impacto negativo en el trabajo educativo con los menores. Se han concluido las actuaciones dando traslado a la Administración de la valoración negativa que hace el Defensor del Pueblo de este tipo de programas de alojamiento en hostales de menores de edad.
