- El auto considera que debe prevalecer el interés general en la aplicación de un convenio que prevé fórmulas de actuación conjunta a fin de conseguir una mayor efectividad policial.
- Nacho Murgui ha destacado la importancia de esta colaboración, «esencial e imprescindible para resolver los problemas de La Cañada y sus habitantes».
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha hecho pública la resolución en la que se deniega la suspensión cautelar del acuerdo de colaboración entre las policías municipales de Madrid y Rivas para actuar en la Cañada Real, oponiéndose así a lo solicitado por la Delegación del Gobierno de Madrid.
La Delegación del Gobierno, que ha sido condenada a pagar las costas del proceso, presentó el pasado junio un recurso para que se paralizara cautelarmente la puesta en marcha de un convenio, firmado el 5 de abril por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el regidor de Rivas, Pedro del Cura. Este acuerdo contemplaba el compromiso de los cuerpos policiales de ambos municipios para coordinar su labor para realizar actuaciones contra situaciones de ilegalidad urbanística y medioambiental en la Cañada Real.
En su resolución, el Tribunal Superior argumenta jurídicamente por qué no cree oportuna la suspensión del convenio y añade que “se considera que debe prevalecer el interés general en la aplicación de un convenio que prevé fórmulas de actuación conjunta a fin de conseguir una mayor efectividad policial al amparo de un precepto legal vigente y expresamente declarado constitucional”.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, el segundo teniente de alcalde y concejal de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha señalado que esta resolución judicial es positiva ya que “abre el camino para una colaboración institucional, que es esencial e imprescindible para resolver los problemas de La Cañada y garantizar los derechos de las personas que en estos momentos viven en esa zona”. “Nos felicitamos porque podemos seguir caminando en la dirección que habíamos apuntado de colaboración institucional para garantizar en este caso derechos relacionados con la seguridad y disciplina urbanística”, ha recalcado Murgui.
