- La portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Madrid en Urbanismo, Mercedes González, ha asegurado que los argumentos esgrimidos por José Manuel Calvo para justificar el derribo “son falsos”: “ni el área se enteró horas después de iniciarse el derribo porque los vecinos avisaron a las seis de la mañana del 21 de junio, ni el derribo se permitió porque el edificio carece de protección, porque es BIP según la ley autonómica”.
- Los socialistas recriminan al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que «hicieran caso omiso a los escritos de vecinos, asociaciones y grupos políticos» para evitar la demolición de un edificio que está protegido por la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid desde 2013. “Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma pero su derribo era una muerte anunciada”, ha lamentado Mercedes González.
- La concejala del PSOE ha pedido que se depuren responsabilidades “internas y externas”, que se tomen medidas disciplinarias y sancionadoras, que se restituya la parte del convento demolido y, finalmente, que se revise el Catálogo de Edificios Protegidos, tal como se recoge en el acuerdo presupuestario suscrito entre PSOE y Ahora Madrid. “Destruir patrimonio no puede ser más barato que conservarlo”, ha indicado González.
La portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Madrid en Urbanismo, Mercedes González, ha acusado al delegado del área, José Manuel Calvo, de “falsear los datos” para justificar el derribo parcial del Convento de las Damas Apostólicas, un edificio protegido por la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que, el pasado 21 de junio, sufrió “sin que la Comunidad y el Ayuntamiento lo impidieran”, el derribo parcial de su estructura.
“El delegado Calvo dijo que se había enterado más de doce horas después de que comenzara el derribo. Eso es falso, porque los vecinos avisaron a las seis de la mañana del 21 de junio. El delegado Calvo dijo que el derribo se produjo porque el edificio carece de protección y eso es también falso, porque el convento dispone de la catalogación de BIP según la ley autonómica”, ha acusado González, que lo ha calificado como “una de las mayores aberraciones patrimoniales sucedidas en la ciudad de Madrid, fue la crónica de una muerte anunciada”.
Las máquinas entraron en el noviciado del Paseo de la Habana, 198 a primera hora y a lo largo de esa jornada se llevaron por delante buena parte del edifico construido en 1929 y protegido desde 2013 por la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (una catalogación que anula la licencia de derribo aprobada por la Junta de Distrito de Chamartín en 2011)
“¿Qué ha hecho su área, señor Calvo? ¿Qué hizo para no evitarlo? ¿Qué va a hacer para que esto no vuelva a suceder?”, ha preguntado González al delegado del área de DUS. Las críticas de González también han alcanzado a la administración autonómica: “El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid conocían con suficiente antelación que esta demolición estaba a punto de producirse y no hicieron nada para evitarlo”, ha añadido la concejala.
La portavoz socialista ha exigido a Calvo que convierta lo sucedido con el convento en “un símbolo de lo que no hay que hacer” para que quien sienta la tentación de ir “por el camino ilegal, sepa que la administración cae con todo su peso sobre el infractor que atenta contra el patrimonio de la ciudad”.
En su opinión, si los mecanismos de control, disciplina y sancionador por parte del Ayuntamiento de Madrid fueran estrictos y eficaces, serían los propios promotores, empresas y particulares los que, “por la cuenta que les trae”, procurarían el cumplimiento de la legislación.
El convento está protegido desde 2013
El Convento de las Damas Apostólicas es reconocido como Bien de Interés Patrimonial desde 2013, año en el que la Comunidad de Madrid da luz verde a una normativa que protege los edificios construidos en la capital antes del año 1936. Por si la ley tuviera resquicios, los vecinos remitieron en julio de 2016 un escrito a la Junta de Chamartín para reclamar más protección.
En noviembre de 2016, los promotores realizan una consulta urbanística sobre la posible implantación de una residencia de estudiantes. Cuatro meses más tarde, el PSOE plantea una pregunta en la junta de distrito sobre las medidas adoptadas por DUS para evitar el rumoreado riesgo de demolición del convento. Es en abril cuanto el COAM pide amparo ante el riesgo inminente de derribo. En junio de 2017 el convento es derribado a pesar de la oposición y los recursos planteados por vecinos e instituciones.
“Este derribo es un ejercicio notable de desprecio al patrimonio cultural e histórico de los madrileños, sin que el Ayuntamiento, con sus mecanismos de control actúe, para evitarlo. Una absoluta dejación de funciones impresentable que ha generado un perjuicio grave para el patrimonio de la ciudad”, ha arremetido González contra el gobierno municipal.
Responsabilidad y restitución de lo demolido
En el pleno del mes de junio, la concejala socialista Mercedes González planteó una moción de urgencia sobre la demolición de este edificio protegido en la que exigió que se depuren responsabilidades “interna y externa”, que se tomen medidas disciplinarias y sancionadoras, además de restituir la parte demolida, y que se revise el catálogo de edificios protegidos de la capital, un aspecto este último que se recogió en el acuerdo presupuestario suscrito en el PSOE y Ahora Madrid para dar el apoyo del primero a las cuentas municipales de 2017.
La portavoz socialista ha recriminado al gobierno municipal que la razón para no proteger el inmueble sea la generación de indemnización. “Es un argumento terrible que, usado en otras ocasiones, nos hubiera impedido catalogar como BIC el Beti Jai ya que supuso un pico”.
La protección del patrimonio histórico y cultural de los madrileños debería ser una función irrenunciable del gobierno municipal. “Da cierta vergüenza ver que otras ciudades de nuestro entorno protegen e impulsan sus señas de identidad cultural e histórica, poniendo en uso para lo público aquellos edificios representativos de su patrimonio, mientras Madrid los destruye. Este gobierno se ha empeñado en perpetuar el modelo urbanístico del PP en el que todo vale con tal de contentar a los promotores y donde es más barato saltarse la normativa de protección que cumplirla”, ha finalizado Mercedes González.
