- El concejal socialista Ramón Silva ha explicado que el objetivo de la constitución de Madrid Calle 30 fue “beneficiar de las arcas municipales a los empresarios más afines al PP, sin importar nada ni la gestión del dinero público ni las repercusiones de la actuación”.
- Los socialistas han planteado una batería de preguntas que pretenden aclarar en el desarrollo de la comisión de investigación. Por ejemplo, quieren saber por qué el Partido Popular no encargó informes técnicos que justificaran las millonarias decisiones o por qué en la primera revisión de los costes, en 2007, el contrato se encareció en 1.263 millones en tan solo 25 minutos.
- “La intención de este grupo –ha precisado el edil socialista- es demostrar las irregularidades en la gestión y en la actuación del anterior equipo de gobierno, la gestión del dinero público y su uso no puede quedar impune”, ha añadido Silva.
- La comisión está presidida por el socialista Chema Dávila. La vicepresidencia corresponde a la concejala de Ahora Madrid Esther Gómez.
- Entre los primeros comparecientes citados están Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Pilar Martínez, Manuel Melis e Íñigo Meirás, este último representante de EMESA en la firma del contrato.
El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Ramón Silva, ha señalado, en la primera sesión de la comisión no permanente de investigación sobre Calle 30, que el objetivo del Partido Popular al constituir esa sociedad de mantenimiento y gestión de la vía de circunvalación madrileña fue “beneficiar de las arcas municipales a los empresarios más afines al PP, sin importar nada ni la gestión del dinero público ni las repercusiones de la actuación”.
Silva ha precisado que esta decisión «ha provocado un endeudamiento a la ciudad que ha tenido consecuencias drásticas en otros servicios, que se han visto deteriorados o incluso anulados por la ambición política de elevar a Gallardón como alcalde con la mayor obra efectuada en Madrid, sin importar nada más, sin importar que se estaba provocando el más costoso endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid y de los madrileños”, ha explicado.
La operación realizada por el PP sobre el primer anillo de circunvalación de la capital «ha desangrado las arcas municipales. El Ayuntamiento presentó un primera cifra de unos 2.000 millones de euros. Un año después el contrato se adjudicó por 2.500 millones y en julio de 2005 el coste había llegado hasta los 3.500 millones de euros, a los que había que sumarles el IVA».
«En total, la M-30 costará al Ayuntamiento –a todos los madrileños- casi 7.000 millones de euros que serán pagados en cuotas hasta el año 2040 y con altos intereses de financiación». “Es el doble de lo que Panamá pagó a Sacyr por la ampliación del canal, de 77 kilómetros, que une el océano Atlántico con el Pacífico y que supone la obra civil más importante del continente americano en los últimos años y que fue adjudicado por algo menos de 4.000 millones de euros”, ha comparado el edil.
Los interrogantes sobre la M-30
El concejal socialista ha explicado que a su grupo municipal le llaman la atención algunas cuestiones de calado sobre la M-30. Por ejemplo, Silva ha preguntado «por qué en los cálculos del modelo de reequilibrio económico de 2011 están dirigidos a dejar abierta una puerta de salida al socio privado en el ejercicio de 2025, aunque la prestación del servicio, por contrato, perdura hasta el año 2040».
Silva ha añadido que el Ayuntamiento no remitió algunos documentos importantes al Tribunal de Cuentas, una “ocultación de documentos vitales para el conocimiento en profundidad de la situación”. Duda el edil de que existan estudios técnicos, jurídicos y económicos específicos para sopesar la forma de gestión más idónea. “¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid no realizó ningún estudio de la viabilidad económica de la explotación del servicio, identificando los parámetros propios de la explotación del mismo por Madrid Calle 30?”, ha cuestionado Silva.
El edil no ha querido olvidar a los dos trabajadores fallecidos en un incendio en los túneles, por presuntas negligencias en los dispositivos de extinción. “No se activó el control de incendios electrónicos, según el informe de la Policía Municipal, porque estaba fuera de servicio. Y EMESA lo sabía”-
“Los interrogantes que se le plantean a este grupo municipal –ha explicado el concejal- son muchos más de los que ahora he planteado pero todos concluyen en una premisa común: se han cometidos irregularidades que han producido una apreciación objetiva de posibles conductas delictivas que deberán tener reflejo no en esta comisión, sino en los tribunales”.
Finalmente, Ramón Silva ha detallado que el objetivo de los socialistas en esta comisión de investigación «es demostrar las irregularidades en la gestión y en la actuación del anterior equipo de gobierno, que pudo hacerse en beneficio de una causa no legal ni legítima, sino personal y de trato de favor. Intentaremos llegar hasta el final y pediremos responsabilidades a los autores”, ha concluido.
Comparecientes
En las primeras sesiones de la comisión –que está presidida por el socialista Chema Dávila- están llamados a comparecer Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Pilar Martínez, Manuel Melis, Santiago Ruedas, Miguel A. Vázquez, Íñigo Meirás, Marcelino Fernández, Félix Arias, Inés Sabanés, Francisco Segura y Ángel Lomas, entre otros.
