Según un informe del CGPJ, cada día hay tres procesados por corrupción política. Solo una quinta parte de los procesados está en prisión.
Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, 1.378 personas fueron procesadas por corrupción política entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Es decir, una media de tres procesados cada día. Por comunidades autónomas, el ranking lo lidera con amplia ventaja Cataluña (303 personas), seguido de Andalucía (153) y Madrid (145). Sin embargo, solo una quinta parte de los condenados por corrupción con sentencia firme se encuentran en prisión o sujetos al régimen penitenciario.
Para UPYD «la corrupción es un síntoma de las deficiencias del sistema democrático español y uno de los principales motivos de desánimo, desconfianza y rechazo a la política de los ciudadanos. Aunque la corrupción política siempre ha estado muy presente en España, ha sido con el comienzo de la crisis cuando los ciudadanos se han dado cuenta de su repercusión negativa en la economía».
Para atajar con este problema de raíz, Unión Progreso y Democracia propone una batería de medidas, entre las que se encuentras estas 10:
– Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. La elección de los doce vocales del CGPJ, elegidos entre Jueces y Magistrados, se hará de forma directa en listas abiertas con voto secreto.
– Reforzar el régimen de incompatibilidades. Se deben modificar diversas leyes que regulan las incompatibilidades de cargos electos y empleados públicos de todas las Administraciones Públicas para hacerlas más estrictas y prevenir que cualquiera de ellos pueda dar preferencia a sus intereses privados sobre los públicos, por sí mismos o a través de relaciones familiares. También limitar los mandatos a dos legislaturas.
– Limitar la libre designación. No podrá usarse la libre designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica. Se debería elegir a los funcionarios con habilitación Estatal por concurso público exclusivo. Las plazas que correspondan a esta clase de funcionarios no podrán ser cubiertas por otro personal.
– Mejorar la calidad de las Leyes y de la seguridad jurídica a todos los niveles. Se necesitan leyes claras, eficaces y sencillas, de fácil comprensión y cumplimiento por el ciudadano, que eviten ambigüedades y excesos del poder público, ya que los mismos motivan la corrupción y el trato discriminatorio entre ciudadanos.
– Modificar la financiación de los partidos políticos. Hay que tipificar penalmente la financiación ilegal de partidos políticos que incluya sancionar penalmente la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social. Establecer incentivos y normas legales que obliguen a los partidos políticos a conseguir un porcentaje mínimo de autofinanciación en un plazo dado, de modo que las subvenciones dejen de ser la mayor parte de sus ingresos en favor de las cuotas de afiliados y de los donativos legales y transparentes. También se debe prohibir la condonación de las deudas de los partidos por los bancos.
– Mejorar la Ley de Transparencia vigente. Se debería hacer público, accesible y comprensible los presupuestos, expedientes de contratación administrativa, salarios de los funcionarios, cuentas de los partidos políticos, sindicatos, patronales y asociaciones profesionales, y las reuniones de los senadores y diputados con los lobbies y asociaciones.
– Suprimir los aforamientos de Diputados, Senadores y miembros del Gobierno; así como limitar la figura de la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria.
– Derogar la Doctrina Botín para que cualquier ciudadano o entidad pueda ejercer la acusación en procesos penales.
– Crear un Estatuto personal del denunciante de la corrupción para ofrecer ayuda y protección a los ciudadanos que se atrevan a denunciarla.
– Limitar la concesión de indultos. En ningún caso se podrá indultar en casos de corrupción política y delitos contra la Administración Pública y se deben endurecer las penas a los condenados por dicho delito.
El portavoz nacional de UPYD, Gorka Maneiro, considera que “solo hace falta voluntad política para acabar con esta lacra”. Sin embargo, añade que “no parece que los partidos con representación parlamentaria estén dispuestos a ello”.
