El partido magenta considera que «las tasas judiciales no son la vía para recaudar ni para cumplir los objetivos de déficit, sino la manera fácil y regresiva de semiprivatizar el acceso a un servicio público».
El Partido Popular y Ciudadanos se han unido este martes en la mesa del Congreso para bloquear la tramitación de una proposición de ley para eliminar las tasas judiciales que hoy siguen vigentes en nuestro país: las aplicables a las personas jurídicas.
Guillermo del Valle, miembro del Consejo de Dirección y Adjunto al área Programa y Acción Política de UPYD, considera que esto supone “escándalo regresivo sin paliativos, ya que se mantiene una tasa por definición injusta en cuando afecta a todas las personas jurídicas por igual, como si una pequeña Sociedad Limitada tuviera la misma capacidad económica para afrontar los embates de la crisis que una gran corporación financiera”. Así mismo, critica que las tasas judiciales «siguen afectando gravosamente a entidades sin fines lucrativos, lo cual nos parece no sólo desproporcionado sino éticamente reprobable”.
Por otro lado, Del Valle recuerda que Ciudadanos, socio del gobierno, «incumple una promesa electoral firme que contrajo. Si bien ya no sorprende, no deja de ser ilustrativo de la sideral distancia de la clase política respecto a sus compromisos adquiridos. Un nuevo ejemplo de normalización de los incumplimientos y las mentiras”.
Desde UPYD recuerdan que siempre han mantenido «un firme compromiso contra las tasas judiciales al considerar que los derechos fundamentales no pueden en ningún caso situarse entre paréntesis por conveniencias presupuestarias». Aseguran que, «como consecuencia de las actuales tasas judiciales, entidades sin ánimo de lucro y personas jurídicas pequeñas y en una muy deteriorada situación económica se ven prácticamente privadas de la posibilidad de acceder a la justicia».
El partido magenta considera que «las tasas judiciales no son la vía para recaudar ni para cumplir los objetivos de déficit, sino la manera fácil y regresiva de semiprivatizar el acceso a un servicio público a costa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de nuestra Constitución».
En su lugar, UPYD propone que «se reduzca drásticamente el gasto superfluo y las duplicidades e ineficiencias del Estado y que se abra a dinámicas de crecimiento que escapen de la austeridad indiscriminada y de los recortes sociales». “Todo ello es compatible con mejorar la calidad de nuestro sistema democrático, no violentarla con medidas tan regresivas e impresentables como las tasas judiciales”, argumenta Del Valle.
