Durante las próximas dos semanas, la Unión General de Trabajadores va a desarrollar la campaña “7 (de las muchas) razones para decir #NoalTTIP” con la que pretende dar a conocer el contenido del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, más conocido como TTIP, concienciar a la población sobre «los riesgos que conlleva su aprobación y desmontar algunas de las bondades que nos han trasladado sobre el mismo».
Aunque está focalizada en las consecuencias del TTIP, la campaña no olvida que el Acuerdo Comercial entre Europa y Canadá, conocido comúnmente como CETA y que «también contiene aspectos altamente peligrosos», podría ser aprobado en otoño, y aprovechará para promover la no ratificación de dicho acuerdo por parte de Las Cortes.
La campaña, que consta de varios montajes fotográficos protagonizados por los miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal que se distribuirán a través de las redes sociales, finalizará coincidiendo con una semana en la que están previstas movilizaciones en varios países europeos.
Cada fotomontaje analizará e irá desgranando las consecuencias directas que podría tener el contenido del acuerdo sobre los derechos sociales y laborales, los servicios públicos, la salud y el medio ambiente, la democracia, la igualdad ante la ley o la industria y las pymes.
En paralelo, el sindicato realizará acciones de concienciación mediante debates y conferencias, además de dirigirse a los grupos parlamentarios autonómicos, nacionales y europeos para instarles a que opongan a dicho tratado, así como a los gobiernos de las comunidades autónomas y al Gobierno en funciones.
Fundamentalmente el sindicato denuncia «que se trata de un acuerdo concebido por y para las grandes empresas que antepone los intereses empresariales a los derechos de los trabajadores, ciudadanos y consumidores ya que, por un lado, rebaja el nivel de exigencia de la legislación europea en materia laboral, medioambiental o de salud y, por otro, abre la puerta al neoliberalismo económico más despiadado con la posibilidad de que la desregulación sea posible en todos estos ámbitos».
«Se prima los intereses de las grandes empresas y se olvida de las pymes, (que conforman más del 90% del tejido empresarial español), pero además presenta posibilidades como la eliminación de la Denominación de Origen que podrían dañar de forma irreversible la economía de nuestras zonas rurales», añaden desde UGT.
En la campaña se alerta además de los riesgos que supone el TTIP para el medio ambiente y la protección de la salud, «uno de los epígrafes más alarmantes y potencialmente nocivos del acuerdo».
Cuestiones tan controladas y reguladas en la UE como el uso de productos químicos tóxicos, transgénicos, hormonas para el crecimiento, pesticidas o los controles de seguridad alimentaria tales como el etiquetado de los productos, entre otros, «se entienden como límites a los intereses económicos de muchas empresas implicadas en esta alianza».
«Pasaríamos pues de un reglamento europeo basado en el principio de precaución, que exige a la industria que demuestre que su producto es seguro antes de comercializarlo, a la legislación americana, mucho más laxa, que considera que una sustancia es segura mientras no se demuestre lo contrario. De esta forma, los estándares industriales pasarán de ser definidos en las instituciones, un sistema con más garantías de seguridad, a estar en manos de las empresas, lo que relajaría la regulación en muchos ámbitos», explican desde el sindicato.
Otra cuestión que el sindicato denuncia sobre el TTIP, extensible también al CETA, es «la falta de transparencia con que se están llevando las negociaciones y advierte de que la información es la única arma que tienen los ciudadanos para impedir la imposición de un acuerdo cerrado que va a empeorar su calidad de vida, trabajo y salud».
En este sentido, UGT destaca que «se han introducido mecanismos extraños para preservar los intereses de las grandes corporaciones frente a los estados, como tribunales especiales en los que las grandes empresas podrían llegar a demandar a los gobiernos para cuestionar regulaciones que garanticen derechos sociales, laborales o de protección del medio ambiente si esas legislaciones limitan o perjudican las inversiones primando así la inversión por encima de los derechos sociales y laborales consolidados y garantizados por regulaciones nacionales y tratados europeos».
«No es un acuerdo para eliminar barreras arancelarias, es un acuerdo para eliminar las normas que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales. Leyes que forman parte de la esencia más preciada de la UE como son los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el posicionamiento contra los alimentos transgénicos o determinadas sustancias químicas», concluyen desde UGT.
