La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este lunes 15 de junio su Informe Anual titulado «Las personas refugiadas en España y Europa». El documento revela que la Comunidad de Madrid se ha consolidado como la autonomía clave en la recepción de protección internacional dentro del Estado, al concentrar el 30% del total de las solicitudes gestionadas a nivel nacional durante el año 2025.
En términos absolutos, la región madrileña atendió a 43.585 personas, situándose a la cabeza del país por delante de Andalucía, que registró 20.013 peticiones, y de Catalunya, con 17.206 solicitudes. Pese a liderar la estadística de acogida, Madrid experimentó una reducción del 8% en sus cifras con respecto a los datos recopilados en 2024, en sintonía con la tendencia a la baja reflejada en todo el territorio español.
Restricciones en España y caída en las tasas de reconocimiento
A nivel estatal, el volumen de solicitudes de protección internacional sufrió una contracción del 13,7%, lo que interrumpió la dinámica de crecimiento sostenido observada durante los años previos. Según expone CEAR, este descenso responde directamente a los efectos de los acuerdos bilaterales de control migratorio alcanzados con terceros países con el fin de contener los flujos de tránsito, así como al impacto disuasorio derivado del Reglamento de Extranjería (RELOEX).
Dicha normativa impide computar el tiempo de espera documental de la resolución de asilo a efectos de tramitar las modalidades de arraigo. Aunque el origen venezolano repite como la primera nacionalidad en los registros, el estudio constata una caída notable en los expedientes de ciudadanos procedentes de Colombia, Perú o Senegal, un factor que la organización atribuye a las citadas trabas legales y que considera paliado solo de forma transitoria por los vigentes procesos de regularización.
El informe pone de manifiesto un empeoramiento en los índices de protección otorgados por la administración española. La tasa de reconocimiento de asilo disminuyó más de siete puntos, situándose en el 11%. Este porcentaje ubica a España en el antepenúltimo puesto de la Unión Europea en resoluciones favorables, superando únicamente a Croacia y Chipre, y quedando alejada de la media comunitaria, que se fijó en el 34% tras registrar también un descenso global en el último ejercicio.
Por otra parte, la externalización de las fronteras se tradujo en un descenso del 62% en las llegadas por vía marítima a las costas de las Islas Canarias. Sin embargo, el flujo hacia las Islas Baleares experimentó un repunte del 24,5%, consolidando una nueva ruta marítima con origen en Somalia. Del conjunto de personas que alcanzaron las costas españolas, un 15% correspondió a menores de edad sin referentes familiares.
La gestión de este colectivo se vio modificada por la reforma de la Ley de Extranjería para la corresponsabilidad autonómica y por los pronunciamientos del Tribunal Supremo que obligan al Estado a asumir la tutela de los menores demandantes de asilo; bajo este marco, un total de 581 niños, niñas y adolescentes fueron derivados desde Canarias hacia la Península durante 2025. Ante estos datos, CEAR ha reiterado la necesidad de habilitar vías legales y seguras de acceso para mitigar la mortalidad en las rutas de navegación.
Obstáculos sociales y repunte de los incidentes de odio
La organización humanitaria denuncia que las personas migrantes y refugiadas enfrentan barreras estructurales una vez asentadas en el país, identificando dificultades persistentes para acceder al padrón municipal, al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a una vivienda digna. A estas problemáticas de inclusión se añade un incremento del 23,6% en los delitos e incidentes de odio motivados por criterios de racismo y xenofobia durante 2025, lo que representa el valor más elevado desde que el Ministerio del Interior mantiene registros estadísticos. El director de CEAR, Mauricio Valiente, ha formulado una petición para alcanzar un Pacto de Estado que articule herramientas de protección estables y compromisos presupuestarios y jurídicos frente a esta tendencia.
El panorama internacional y el marco regulatorio europeo
A escala global, las políticas de externalización fronteriza y de devoluciones provocaron una reducción del 5% en el volumen de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo, fijando la cifra en 117,5 millones. CEAR aclara que este decremento no equivale a una menor necesidad de amparo, puesto que los factores de expulsión —tales como la inestabilidad política, los conflictos armados, las violaciones de derechos humanos y la crisis climática— mantuvieron su intensidad. Las principales crisis de desplazamiento en 2025 se localizaron en Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán, la región del Sahel, la República Democrática del Congo, Somalia y Palestina, a las que se han sumado en los primeros meses de este año los impactos de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Líbano e Irán. El estudio detalla que la mayor parte de la población desplazada permanece dentro de las fronteras de sus propios países o es acogida en estados vecinos de rentas medias y bajas.
En el ámbito continental, el informe analiza el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio de 2026. La entidad expresa su preocupación ante la inclusión de países con deficiencias documentadas en derechos humanos —como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez— dentro de la lista común de territorios considerados seguros. Asimismo, advierte de los riesgos asociados al futuro Reglamento de Retorno, el cual prevé la posibilidad de efectuar reclusiones prolongadas o traslados forzosos a centros de deportación ubicados en terceros países sin requerir un vínculo previo del afectado, siguiendo una fórmula análoga al modelo Italia-Albania que fue paralizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y las instancias judiciales italianas.
La directora de la entidad, Mónica López, ha señalado que el Gobierno de España cuenta con margen de actuación en la implementación del texto europeo para asegurar salvaguardas como la asistencia letrada, el derecho a la información, la interpretación cualificada, el principio de no devolución y el seguimiento específico a menores de edad y perfiles vulnerables.
El acto de presentación, celebrado en las dependencias del Congreso de los Diputados, sirvió asimismo para formalizar la constitución del Comité de Personas Refugiadas (CPR), una plataforma representativa integrada por ciudadanos con experiencia de desplazamiento. La sesión contó con la participación en mesas de debate de activistas y representantes del ámbito de las migraciones, entre ellos Ashtar Alahmad, Kadiata Malick Diallo (diputada de la Asamblea Nacional de Mauritania), Mohamed Farhan y Tahreer Abujumaa.
