La Policía Nacional ha recuperado dos grupos escultóricos de bronce datados entre los siglos I y II d.C. que salieron ilegalmente del país. Las piezas de época romana y notable singularidad por su calidad, dimensiones e iconografía, habrían sido expoliadas de un yacimiento del sur de la península entre los años 2007 y 2008 y subastadas en el 2012 por varios millones de euros tras ser blanqueado su origen y procedencia ilegal.
El coleccionista estadounidense que las adquirió de buena fe, una vez tuvo conocimiento de que su origen era un expolio arqueológico, decidió cederlas de manera irrevocable y gratuita al Estado español. Las esculturas han sido depositadas al Museo Arqueológico Nacional, en un acto que ha contado con la presencia de responsables de la Policía Nacional y la directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.
La investigación se inició por parte de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, tras tener conocimiento de una información relativa al hallazgo, entre los años 2007 y 2008, de varias piezas romanas de bronce de gran relevancia que habían permanecido enterradas en tierras de labor, sin determinar con exactitud su ubicación dentro de la geografía española. Posteriormente estas piezas habrían salido ilícitamente del país para ser restauradas y, una vez blanqueado su origen, introducidas en el mercado legal del arte europeo, donde acabaron siendo subastadas en 2012 y adquiridas por un particular.
Se trata de una pareja de grupos escultóricos de notable singularidad, tanto por su calidad artística y dimensiones como por su iconografía, al representar dos niñas de corta edad persiguiendo sendas perdices, una escena poco habitual en la escultura romana conservada hasta la actualidad. Que una escultura de bronce romana llegue a nuestros días es algo extraordinario, por tanto, que lo haga una pareja completa con sus bases de metal incluidas, es absolutamente excepcional. La última constancia documental sobre la existencia de estas obras se remonta a 2015, cuando aparecen expuestas en un lugar destacado de un museo de EEUU, uno de los más importantes del mundo.
Procedimiento judicial abierto en Suiza
A finales de 2023 se inició una compleja investigación tras detectarse diversas publicaciones en la prensa suiza relacionadas con un procedimiento judicial abierto en Suiza, en cuyo trasfondo figuraba la adquisición de las esculturas romanas investigadas. Los artículos publicados hablaban de que un ciudadano español había interpuesto una denuncia contra varias personas de diferentes nacionalidades por malversación, estafa, receptación, apropiación indebida y falsificación de documentos. Argumentaba que los denunciados se habían llevado unos diez años antes, las referidas esculturas de su propiedad para restaurarlas, si bien ni le habían sido devueltas ni había recibido compensación económica alguna.
En los artículos referidos, la prensa se hacía eco especialmente de dos de los denunciados por el español: un ciudadano suizo de 51 años y un ciudadano italiano de 80, ya conocido por la Brigada de Patrimonio Histórico por su relación con otros casos de tráfico de bienes culturales.
Según la información obtenida de estos artículos, que fue sacada del seguimiento que realizó la prensa suiza del juicio que comenzó en marzo de 2018, el español reclamaba al ciudadano suizo e italiano una cantidad de dinero procedente de la venta de las piezas a través de una conocida casa de subastas en el año 2012. El denunciante argumentaba que las piezas pertenecían a su familia desde hacía décadas, aportando para validar su versión fotografías de los bronces en su domicilio en España antes de que fueran restauradas, así como documentos notariales en los que familiares y amigos del denunciante, afirmaban la propiedad de las esculturas.
Según manifestó, al ver las piezas los denunciados le habrían propuesto llevar a cabo una restauración y llegaron a un acuerdo verbal para que las esculturas fueran trasladadas a Reino Unido y posteriormente a Suiza, todo de manera ilegal y cometiendo un delito de contrabando, dado que su origen era un expolio arqueológico delictivo. Una vez restauradas, los “socios” del español se percataron de que estaban ante un conjunto único que podría estar valorado en varios millones de euros y decidieron cerrar un trato con el denunciante para llevar a cabo la venta y repartirse los beneficios de la misma.
Fue el ciudadano suizo el encargado de darle un origen lícito a las esculturas presentando diversa documentación para tratar de acreditar el origen suizo de las mismas. Según él, las piezas pertenecían a un coleccionista que se las regaló a su abuelo, versión que pudo ser desacreditada en el juicio, al presentar el español varias fotografías de las piezas en el interior de su domicilio antes de que fueran restauradas.
Finalmente, por las pruebas aportadas por el español y ante la imposibilidad de demostrar que las obras hubieran pertenecido a la colección del suizo, sumada al hecho de que el ciudadano italiano había sido ya detenido anteriormente por delitos relacionados con el tráfico ilícito de bienes culturales, así como de expolio y contrabando, el juez determinó que no era creíble ninguna de las dos versiones aportadas por los implicados, siendo la hipótesis más verosímil que las piezas fueran extraídas de un yacimiento arqueológico español.
Los investigadores identificaron al español denunciante y, tras llevar a cabo diversas gestiones en su entorno, se recabaron nuevos datos que acreditaban que las esculturas no habían pertenecido a su familia desde hacía décadas, sino que habían sido expoliadas de algún yacimiento de nuestra geografía (muy probablemente en el sur de la península ibérica) y posteriormente entregadas a los denunciados.
Tras ponerse la investigación en conocimiento del juzgado competente, se incoaron diligencias previas que finalmente fueron archivadas al considerar prescritos los delitos de expolio arqueológico, daños, contrabando y blanqueo de capitales. Esta circunstancia resulta habitual en este tipo de investigaciones, ya que entre la comisión del delito contra el patrimonio histórico y la reaparición de las piezas ya blanqueadas suele transcurrir un largo periodo de tiempo para dificultar la acción judicial. Los investigadores sitúan el expolio de las esculturas en torno a 2007, por lo que el hecho de que la denuncia se interpusiera diez años más tarde, probablemente fue con el fin de que hubieran prescrito todos los delitos.
De EEUU al Museo Arqueológico de Madrid
Pese a ello, la investigación continuó con el objetivo de localizar las esculturas y, puesto que la última evidencia estaba en Estados Unidos, se solicitó la colaboración de Homeland Security Investigations, a través de la embajada de Estados Unidos en Madrid, lo que permitió finalmente contactar con la persona propietaria de las esculturas, que las había adquirido de buena fe a través de una casa de subastas en el año 2012.
Tras las gestiones de la Brigada de Patrimonio Histórico con el propietario, una vez tuvo conocimiento del origen ilegal de los excepcionales bronces, decidió cederlos de manera irrevocable y gratuita al Estado español. Finalmente, el pasado día 20 de diciembre, las piezas llegaron al Aeropuerto de Madrid-Barajas desde Estados Unidos vía Frankfurt, por lo que se recabó la colaboración de la Comisaría del Aeropuerto y posteriormente fueron depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.
La investigación policial para conseguir el retorno de los bronces al patrimonio cultural español ha contado con la colaboración del Agregado de Interior en Suiza, el apoyo del Ministerio de Cultura a través de la Subdirección de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico y del Museo Arqueológico Nacional, del departamento de Aduanas de la AEAT y la empresa de transportes DHL Express Alemania y España.
