El Ayuntamiento de Madrid destinará 5,8 millones de euros durante el año 2024, un 3,5 % del total de la contratación municipal, a contratos socialmente responsables, es decir, aquellos reservados para organismos que tienen por objeto la integración de personas con discapacidad o en situaciones de exclusión social.
La Junta de Gobierno, a propuesta del Área de Economía, Innovación y Hacienda, ha aprobado esta mañana esta iniciativa que afecta al Ayuntamiento de Madrid, los organismos autónomos y el sector público municipal y que incrementa en un cuarto de punto la reserva que se está realizando en el actual ejercicio, según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.
El cumplimiento de esta reserva durante el pasado mandato arroja importes de ejecución considerablemente mejores a los estimados en la reserva inicial. De esta forma, si el importe de los acuerdos de reserva mínima entre 2019 y 2023 se estimaba en 20,1 millones de euros, el gasto finalmente ejecutado en contratos reservados ha sido muy superior, a falta de cerrar los de 2023, superando los 33 millones de euros en ese periodo. Por otra parte, el porcentaje real ejecutado gracias a esta dinámica ha sido también superior al inicialmente aprobado, superando el 4 % todos los años, excepto en 2021 que fue del 3,99 %. En los últimos cinco ejercicios, el número total de contratos implicados en las reservas anuales ha sido de 230.
Tanto el pasado ejercicio como los precedentes, en el plan de reserva han predominado los contratos de servicios vinculados a mantenimiento, limpieza, jardinería y mensajería, así como los de actividades auxiliares de información y control en el acceso de edificios.
Reserva consolidada en 2023
A finales del pasado 2022, el Gobierno municipal acordó aumentar el porcentaje de reserva para este tipo de contratos hasta el 3,25 % en el ejercicio 2023, lo que se ha traducido en 61 contratos por un importe de 8,4 millones de euros.
El Ayuntamiento de Madrid ha venido incrementado el porcentaje de reserva para contratación socialmente responsable, para centros especiales de iniciativa social y empresas de inserción, a lo largo de los últimos nueve ejercicios. Concretamente, en el año 2016, se aprobó el 0,5 %; el 0,6 % en 2017; el 0,7 % para 2018; el 2 % en 2019; el 2,5 % en 2020; el 2,75 % en 2021; el 3 % para 2022; un 3,25 % para 2023, y un 3,5 % para 2024.
Centros especiales de empleo y empresas de inserción
Los centros especiales de empleo de iniciativa social son aquellos organismos en los que el 70 % o más de su plantilla está constituida por personas con una discapacidad igual o mayor del 33 %. Además, estos centros deben estar promovidos y participados en más de un 50 % por entidades que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos. Por último, están obligados a la reinversión íntegra de sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad.
Las empresas de inserción son aquellas que realicen una actividad económica cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario y que estén reconocidas y calificadas como tales por la Comunidad de Madrid.
