Liberadas 12 mujeres en Madrid que eran obligadas a prostituirse y vivían hacinadas en un sótano

Gacetín Madrid

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desarticulado en la ciudad de Madrid una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y han liberado a doce victimas. Los implicados confinaban a las víctimas en el sótano de un chalet, un espacio sin ventanas donde dormían hacinadas en condiciones insalubres.

Las víctimas eran sometidas a un reportaje fotográfico al objeto de ser promocionadas en páginas de internet donde se ofrecían servicios sexuales, entre las víctimas se encontraba una persona con discapacidad intelectual. En el inmueble donde se explotaba a las víctimas también se traficaba con sustancias estupefacientes de forma que obligaba a las mujeres a transportarlas cuando tenian salidas al exterior.

Hacinadas en un sótano

Los integrantes de la organización captaban a las víctimas en países de Sudamérica, mediante engaño, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y prometiéndoles trabajos dignos y bien remunerados. La red criminal se hacía cargo de todos los trámites y gastos necesarios para que accedieran a España.

Una vez que las víctimas se encontraban en España, eran informadas que habían contraído una deuda económica con la organización, que llegaba a triplicar los gastos reales del viaje y que debería de ser abonada con el ejercicio de la prostitución, siendo trasladadas a un chalé ubicado en Madrid. Aquí las mujeres eran sometidas a un control férreo, obligándolas a permanecer en el interior y multadas si no cumplían con las condiciones que se les imponían, por lo que vivían en condiciones infrahumanas, todas hacinadas en un sótano sin ventanas.

Las víctimas tenían que abonar 100€ por su estancia en el chalé y entre 16 y 20 euros por la comida. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día y realizar ocho horas diarias de servicios sexuales efectivas si querían disfrutar de dos horas libres diarias. Durante su explotación se les obligaba a realizar dos servicios sexuales con cada cliente y sexo oral sin preservativo. También en el chalé se traficaba con cocaína, que tenían que transportarla cuando salían al exterior.

Las víctimas eran sometidas a un reportaje fotográfico al objeto de ser promocionadas en páginas de Internet de oferta de servicios sexuales, entre las víctimas se encontraba una persona con un grado de discapacidad intelectual del 67%.

Investigación policial

La organización criminal estaba compuesta por miembros de origen sudamericano que tenían vínculos familiares entre ellos, contaban con una fuerte infraestructura en España, donde destacaba la existencia de un inmueble empleado a modo prostíbulo o casa de citas. El operativo ha descubierto que los implicados cobraron a través de una plataforma de pago la cantidad de 1.244.767,49 euros.

Se ha detenido a un total de 12 personas, 11 en las provincia de Madrid y una en la provincia Las Palmas, como presuntos partícipes en la comisión de los delitos de Trata de Seres Humanos, Pertenencia a Organización Criminal , Relativos a la Prostitución, Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, Pornografía y Contra la Salud Pública.

En las entradas y registros realizadas en dos inmuebles, uno en la ciudad de Madrid y otro en la localidad Fuentidueña de Tajo (Madrid), se ha liberado a 12 víctimas  y se han intervenido diversos efectos entre los que cabe destacar más de 30.000 euros, 30 gramos de cocaína, 13 gramos de marihuana y diversa documentación relacionada con las actividades investigadas. Durante la operación, en la asistencia a las víctimas liberadas han colaborado para las organizaciones no gubernamentales “Operation Underground Railroad” y “Amar Dragoste”

Con la trata no hay trato

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

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