El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, a quienes, según el escrito formulado por el Ministerio Público, se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020 para el Ayuntamiento de Madrid.
En próximas fechas, y entre otras diligencias que se acordarán en el marco de la instrucción, el magistrado tomará declaración a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos. Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento.
Al parecer, estos dos empresarios se embolsaron presuntamente 6 millones de euros en comisiones por su intermediación en la compra de material sanitario, por dos contratos de emergencia que suman 11 millones. La semana pasada se conoció que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando dos de las tres operaciones que se realizaron a través de la propia Empresa Municipal de Servicios Funerarios con este fin a finales de marzo. Estos contratos se habrían adjudicado a una empresa en Malasia, en el Sudeste Asiático, para que llegara a Madrid diverso material sanitario como mascarillas, test COVID y guantes.
Estos tres contratos son: uno de 6,6 millones de dólares para la compra de 1 millón de mascarillas FFP2/KN95 (se incluye una donación de 183.000); otro de 4,8 millones de dólares para la adquisición de 250.000 test de anticuerpos; y un tercero de 5 millones de dólares para comprar 2,5 millones de pares de guantes. Finalmente, se regresaron al Ayuntamiento alrededor de 4 millones de dólares por material devuelto por no ser el modelo acordado. En total se pagaron 12,3 millones de dólares a la empresa LENO.
Desde el Ayuntamiento exponen que estos tres contratos fueron aprobados en el Consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo de 2020 por todos los grupos y reseñan que entre marzo y julio de 2020, con la primera ola del coronavirus, se realizaron un total de 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, que fueron remitidos al Tribunal de Cuentas.
E insisten desde el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos que de los tres contratos, «todos ellos en precio según oferta y demanda del momento». Dos de ellos, para mascarillas y test, se abonaron en su totalidad, mientras que el tercer solo parcialmente ante la devolución de buena parte por no reunir las características requeridas.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha incidido en que, desde Gobierno Municipal, están «muy tranquilos» dado que «no hay ninguna persona del Ayuntamiento investigada por la Fiscalía Anticorrupción» por dichos contratos de emergencia. «El Ayuntamiento ha prestado toda su colaboración desde el primer momento con la Fiscalía Anticorrupción. Hemos aportado toda la documentación que se nos pidió», ha subrayado.
Ante todo ello, desde la oposición se han exigido responsabilidades. “Con Almeida la corrupción y el despilfarro han vuelto al Ayuntamiento de Madrid. No se puede caer más bajo, no hay nada más deplorable moralmente que forrarse con la desgracia de los madrileños, mientras miles de personas morían en las residencias. Este escándalo demuestra la catadura moral de los que gobiernan en Madrid”. Así de contundente se ha mostrado la líder de la oposición en la capital, Rita Maestre.
Rita Maestre, además, ha desvelado que el pasado 18 de marzo Más Madrid recibió la contestación a una pregunta registrada por escrito realizada sobre si había algún contrato de emergencia judicializado o denunciado ante la Fiscalía “y la respuesta ha sido que no había nada y que no teníamos nada de lo que preocuparnos, es decir, una mentira, cuando tienen la obligación de responder con la verdad a las peticiones de informaciones de la oposición”. La líder de la oposición ha exigido explicaciones inmediatas a Almeida, “no vamos a dejar que se pierda un solo euro de esos seis millones de dinero público”.
“Cuando empezó la pandemia, yo misma llamé al alcalde para decirle que facilitaríamos las cosas administrativamente para que se pudiera hacer todo lo necesario para proteger a la ciudadanía madrileña y a los trabajadores municipales. Lo que cada vez está más claro es que en marzo de 2020, cuando la gente estaba muriendo a miles, cuando sanitarios y otros trabajadores de primera línea se estaban jugando la vida, familiares y amigos del PP salieron corriendo a saquear las arcas de las administraciones públicas abiertas de par en par aprovechándose de los contratos de emergencia”, ha reprochado la portavoz del grupo municipal de Más Madrid.
A juicio de Maestre, “Almeida ha actuado con total opacidad y deslealtad”. “No se informó de la participación de intermediarios en estos contratos. Se ocultó que hubiera ningún contrato judicializado tanto al Consejo de Administración de Funeraria como a los grupos municipales. Lo mínimo era habérselo comunicado a los grupos y, desde luego, también a los consejeros de Funeraria”, ha remarcado la líder de Más Madrid.
