Más de 40 organizaciones de la sociedad civil madrileña se han unido para tratar de paralizar la aprobación de la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, una norma «de enorme transcendencia» que supone «un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios y derechos públicos». Ante su próxima votación en la Asamblea de Madrid, hacen un llamamiento a los madrileños a salir a la calle este sábado, 26 de febrero, a las 12:00, desde Atocha hasta la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.
En la marcha participará un cortejo de taxistas, uno de los colectivos directamente afectados por la ley. El pasado 16 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus.
Tras este paso, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha remitido el texto a la Asamblea de Madrid para su debate y votación, algo que se producirá durante el mes de marzo. «Nadie entiende las prisas del Gobierno regional en aprobar una norma que, recordemos, modificará 33 leyes y 5 decretos e introduce 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos. Apenas han pasado dos meses desde que el ejecutivo hiciera público el anteproyecto de la ley y a pesar de las peticiones de la sociedad civil, con el argumento de una urgencia que no ha justificado en ningún momento, tan solo dejó siete días hábiles, entre la Noche Buena y la Noche Vieja, para presentar sugerencias y alegaciones», denuncian los convocantes.
Los colectivos sociales consideran «muy grave» que las más de 600 alegaciones ciudadanas y solicitudes de paralización de la Ley que se presentaron no formen parte del expediente que se ha remitido a la Asamblea de Madrid. «Es una vuelta de tuerca más en la opacidad con la que se está tramitando esta nueva norma», insisten.
La Ley Ómnibus está a punto de ser aprobada. Por eso, las entidades convocantes de la marcha de este sábado, entre las que se encuentran asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, de transporte, sindicatos, ONG, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio, redoblan sus esfuerzos para convertirla en un «grito multitudinario de protesta». Una norma «tan importante requiere de un amplio consenso, no solo político sino también social», señalan.
La Ley Ómnibus afecta a temas tan dispares e importantes como hacienda, ordenación del territorio y urbanismo, regulación de la flora y fauna, vías pecuarias, parques regionales, ordenación del transporte urbano, Ley del Juego, carreteras, policías locales, Renta Mínima de Inserción (RMI), menores, uniones de hecho, transparencia y participación, sanidad pública, igualdad, lucha contra los incendios, emergencias o deporte. Y, tal y como está hoy concebida, en urbanismo reduce las cesiones de suelo público (para equipamientos o zonas verdes), externaliza la gestión de licencias y permite la ejecución de los llamados Proyectos de Alcance Regional (como el fallido Eurovegas) en cualquier clase de suelo, independientemente de su protección. Además, promueve el modelo de vivienda protegida privada frente al modelo de vivienda pública y social y elimina la “red de viviendas públicas o de integración” como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos.
En materia sanitaria, establece la creación de una Agencia de Contratación, que de forma opaca y sin control de la Asamblea o de la ciudadanía podrá realizar contratos de bienes y servicios, un ente a todas luces innecesario pues la Comunidad de Madrid dispone para los mismos fines de su Junta Central de Compras. En el marco de esta nueva agencia, en periodos de crisis y emergencias la presidenta y el vicepresidente de la Agencia «podrán realizar todos los contratos a dedo que deseen, un hecho que suena a broma macabra después del último caso de presunta corrupción descubierto en la región y que implica al hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas sanitarias», exponen.
En medio ambiente, la Ley Ómnibus incentiva el uso económico de las vías pecuarias, reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos (como los parques regionales del Jarama, Manzanares y Sureste), al permitir actividades como la caza, la construcción y la instalación de negocios hosteleros que antes estaban prohibidos. Además, reduce la protección de parte del la flora silvestre y del arbolado que no está estrictamente protegido.
Respecto al transporte, además de incluir diversas referencias a su liberalización y ni una sola línea al fomento del transporte público, supone un nuevo golpe para el taxi, al eliminar las restricciones actuales a los VTC como el tiempo mínimo de precontratación o la necesidad de volver a la base después de cada servicio. Además, permite que los vehículos con distintivo ambiental C, es decir, los más contaminantes, sigan circulando por vías urbanas hasta 2027, algo que Madrid Central no permitía.
Por otro lado, «presenta duplicidades que empeoran el procedimiento para la obtención de la RMI, reduce los requisitos para la contratación del personal de las residencias y limita la participación y los controles democráticos, así como la transparencia en diversos ámbitos públicos como la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública». «Esto es solo un botón de muestra de lo que supondrá la nueva ley. Razones suficientes para tratar de pararla con todas nuestras fuerzas. Porque arrasa nuestros servicios públicos, nuestros servicios y nuestras ciudades y pueblos, decimos No a la Ley Ómnibus», concluyen.
Detrás de la manifestación del sábado se encuentran las siguientes entidades, que forman parte de la llamada Plataforma Paremos la Ley Ómnibus: Amigos de la Tierra, ARBA, Asociación Mar de Tierras, Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de la Asamblea de Barrios y Pueblos de Madrid, ELITE taxi Madrid, Medsap – Marea blanca, CCOO-Madrid, GRAMA, Asamblea en defensa del Tajo de Aranjuez, No + precariedad, Plataforma de Centros de Salud, FRAVM, Colaterales del Taxi Madrid, MATS, Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), CGT Sanidad Madrid, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón, Ecologistas en Acción de Getafe, Ecologistas en Acción de Valdemoro, Ecologistas en Acción de Sierras de la Comunidad de Madrid, Invisibles de Tetuán, Solidaridad Obrera-Metro Madrid, Coordinadora de Vivienda de Madrid, StopDesahucios Móstoles, Sindicato de enseñanza de Madrid CGT, Plataforma SAR Madrid, Plataforma Sindical EMT Madrid, Asociación Defensa del Parque Móvil del Estado, Asociación Madrileña de enfermería Independiente (AME), Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Asociación para la defensa de la sanidad pública de Madrid, Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperia, Asociación Vecinal de Vicálvaro, ATTAC Madrid, Casa Vecinal de Tetuán, Club de Debates Urbanos, Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí, Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública, Csit Unión profesional, Comisiones Obreras de Madrid, FACUA Madrid, FAPA Francisco Giner de los Ríos, Federación INJUCAM, Grupo de Trabajo para Salvar las Lagunas de Ambroz y su entorno, Invisibles de Tetuán, Jarama Vivo, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, MATS, Parque SÍ en Chamberí, Plataforma contra la especulación urbanística y ambiental de Candeleda, Plataforma para la Defensa del Tajo de Santa Cruz de la Zarza, Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Plataforma de la Zona Norte, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona Noroeste de Madrid (PDSPZNM), Plataforma Sindical de la EMT, Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo, Red Vecinal por Navalquejigo, Red ONGDs de Madrid, SUMMA T (Asamblea de trabajadores del SUMMA 112), Sindicato Asambleario de la Sanidad.
