Dos columnas de pensionistas han llegado a pie este martes, 15 de octubre, a Madrid desde el Norte y el Sur peninsular con el fin de llamar la atención sobre los “ataques que el sistema público de pensiones está sufriendo desde los ámbitos político, y principalmente económico”, antesala de «su posible privatización».

Ambos grupos, acompañados de colectivos sociales de la ciudad, han confluido a las 18:00 horas en la Puerta del Sol. Este miércoles, 16 de octubre, encabezarán una manifestación que a las 11:00 horas saldrá de ese mismo lugar y finalizará ante el Congreso de los Diputados.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha mostrado su apoyo a esta nueva movilización de las personas pensionistas y anima a recibir a las dos columnas y a marchar el día 16 hasta el Congreso para «defender el actual sistema público de pensiones».

Detrás de la protesta se encuentra la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Diferentes asociaciones vecinales han anunciado que recibirán a los dos grupos de caminantes, que vienen desde Rota y Bilbao, a su paso por los municipios y distritos de Madrid.

El día 16, los portavoces de la coordinadora registrarán en el Congreso un documento con sus principales reivindicaciones, que esperan «sean tenidas en cuenta por todos los grupos parlamentarios que surjan de las próximas elecciones y por el Gobierno del Estado».

Son las siguientes:

– Blindar las pensiones como derecho fundamental de primer grado en la Constitución Española.
– Que la pensión mínima sea hoy igual al salario mínimo interprofesional, 900€, hasta alcanzar los 1.084€ que recomienda la Carta Social Europea para España. Estas son medidas fundamentales para reducir la brecha de género en el Sistema Público de Pensiones.
– Sanidad pública y de calidad. Eliminación de copagos.
– Residencias para la tercera edad suficientes, públicas, accesibles y de calidad en atención a los mayores.
– Derogación de las últimas reformas laborales y de pensiones.

“El día 16 de octubre pretendemos dejar claro, especialmente en Madrid, pero también en todos los territorios del Estado, que no vamos a parar de ocupar la calle hasta conquistar leyes que garanticen pensiones dignas, públicas y con garantías de futuro”, asegura la citada coordinadora.

1 Comment
  1. El poseer una pensión digna es básico, pero el sistema que tenemos en España es claramente mejorable. En primer lugar, el pago de las pensiones es el procedimiento de la estafa piramidal, donde los que están trabajando pagan a los que disfrutan la pensión, cuando la lógica para hacer sostenible las pensiones es que cada uno cobre lo que ha ido aportando (ahorrando), con sus intereses, a lo largo de su vida laboral.

    Es injusto que personas que no han aportado nada estén cobrando una pensión a costa de los que pagaban. Porque principalmente el dinero de los no contributivos que tenían que dedicar a su retiro, lo han empleado en tener un mejor nivel de vida y en adquisición de bienes, mientras otros vemos como cada mes nos retienen parte de nuestros ingresos para, encima ahora, tener que mantener a esas personas que ya se gastaron en su beneficio lo que tenían que haber aportado a la seguridad social.

    Por otro lado, están las cargas indebidas a la bolsa de pensiones. Como es que los funcionarios del Ministerio de Seguridad Social cobran sus nóminas del fondo de pensiones, no del presupuesto del Estado como el resto de los funcionarios, así como muchos más gastos de funcionamiento del sistema que debería asumirlos el presupuesto del Estado y no el fondo de pensiones. Además, está el reiterado vaciamiento de dicho fondo por los diferentes gobiernos para hacer frente a pagos de déficit presupuestario.

    En definitiva, la gestión pública de las pensiones es inviable porque parte de ese fondo se emplea para otros fines diferentes a los que debieran. La solución es que cada uno tenga y se responsabilice por ley de la creación y mantenimiento de su bolsa de pensión particular, incluido los intereses que se producen, y no como ahora que están gestionados por los funcionarios dependientes del gobierno de turno, que los emplean para gastarlos en muchas más cosas que las correspondientes al pago de pensiones.

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