“Estamos muy satisfechos con la respuesta, ya que nos ha dado la razón prácticamente en todo: la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no están haciendo casi nada por minimizar este problema, y tras las recomendaciones del Defensor del Pueblo esperamos que ambos empiecen a regular un mercado que está expulsando a los vecinos y vecinas de los barrios más céntricos de la ciudad, transformándolos en un auténtico parque turístico”, sostiene Vera.

Tras la petición de amparo solicitada por su asociación vecinal, el Defensor del Pueblo solicitó al Consistorio de la capital y al Gobierno regional diversa información con objeto de evaluar su implicación en un problema que, según sus propias palabras, se está traduciendo en un “deterioro del ambiente urbano y del derecho a la ciudad” de los vecindarios afectados.

La respuesta de ambas administraciones, sobre todo la aportada por la Comunidad de Madrid, «no puede ser más decepcionante, y constata algo que la FRAVM y las asociaciones vecinales de Centro llevan meses denunciando: el descontrol existente, fruto en buena medida de la falta de supervisión administrativa”, defienden.

De las dos consejerías de la Comunidad de Madrid con competencias en la materia, solo ha aportado información la de Cultura, Turismo y Deportes, a pesar de que el papel de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio debería ser determinante.

“Resulta evidente que las políticas en materia de turismo no pueden ser abordadas sin una adecuada planificación urbanística”, afirma Fernández Marugán en su escrito, antes de mostrar su preocupación por la “falta de una información precisa” de la Comunidad de Madrid.

“La Consejería [de Cultura, Turismo y Deportes] ha aportado datos de viviendas registradas (cerca de 8.000, casi todas en el término municipal de Madrid) pero dice desconocer el número real, pues hay viviendas fuera del control administrativo y que se están ofertando en internet”, sostiene el Defensor del Pueblo, que al cruzar esos datos con los del Ayuntamiento de Madrid (“más precisos”) concluye que “la oferta real prácticamente cuadruplica a la legal”.

Como las asociaciones vecinales llevan meses advirtiendo, y ha verificado el Consistorio, esta última está subiendo de manera exponencial, con “crecimientos del 100% en prácticamente todos los barrios del Distrito Centro”.

“La Administración autonómica, competente en materia de turismo, al carecer de datos de la oferta ilegal desconoce la realidad sobre la que ejercer sus funciones”, concluye el Defensor, antes de recomendar que la oferta legal, que hoy no es de acceso público, esté a disposición de la ciudadanía en una web “para ejercer con eficacia las funciones públicas de inspección y ordenación”.

Más allá del «descontrol del fenómeno», Fernández Marugán echa en falta información precisa sobre las funciones de inspección y sanción de las dos administraciones. Así, requiere a la Comunidad de Madrid el número total de procedimientos incoados y sanciones impuestas; y al Ayuntamiento qué medidas tiene previstas para verificar cuándo un alojamiento se está explotando como VUT por un periodo superior a tres meses, límite que marca el acuerdo de 23 de enero de 2018 de la Comisión de Seguimiento del PGOUM.

Con objeto de «hacer valer los derechos de las personas residentes», el Defensor también demanda al Gobierno local “qué indicadores piensa utilizar para conocer la incidencia de las VUT en la intimidad personal y familiar y en la seguridad de” aquellas, algo clave para las asociaciones vecinales.

“El informe pone en evidencia la inseguridad jurídica que padecemos los vecinos y vecinas del centro de la ciudad con este problema”, sostiene Saturnino Vera.

Por otro lado, plantea a las dos administraciones la posibilidad de que las zonas de la capital más afectadas por el fenómeno sean declaradas “área o área especiales”, ya que podemos estar ante “zonas turísticas saturadas que requieren de una intervención tan urgente como especial por parte de los poderes públicos».

Además, tras constatar la paralización del proceso de modificación del Decreto 79/2014 insta a la Comunidad de Madrid a que indique qué desarrollos normativos tiene previstos (“incluidos los relativos a la posible intervención de las comunidades de propietarios para que autoricen el uso” de las VUT ), y al Ayuntamiento a aclarar si se están produciendo avances en el Plan Especial que tiene previsto aprobar para regular el fenómeno.

Por último, sugiere de manera rotunda a ambas administraciones una mayor comunicación y coordinación para hacer frente a un problema que “a medio o largo plazo puede desbordar, comprometer y dificultar las posibilidades y acciones de todas las administraciones públicas”.

Tasa turística

En otro orden de cosas, respecto a la implantación de la tasa turística que ayer propuso el delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, la FRAVM y la asociaciones vecinales de Centro consideran la medida «positiva», y recuerdan que» eso mismo propusieron, junto a otras medidas, en octubre de 2017, como saben todos los grupos políticos madrileños».

La tasa que defiende la FRAVM tiene carácter finalista (revertiría en la recuperación del patrimonio natural, histórico, artístico y cultural), y sería de entre 0,5-2 euros por persona y noche (1 euro para viviendas turísticas). Recaería sobre las personas que mayores de 16 años que visitan la región, con un límite de siete días y un descuento del 50% en temporada baja. Además, se podría aplicar un recargo en el distrito Centro, el más afectado por la turistificación.

Finalmente, hay que recordar que la FRAVM y asociaciones vecinales de Centro y Chamberí iniciaron hace una semana una campaña dirigida a los vecindarios más afectados por el problema. A tal fin, han hecho públicos una página web () y un tríptico con abundante información sobre las VUT y sobre cómo hacerlas frente, lo que incluye recomendaciones para denunciarlas y «hacer que prevalezcan los derechos de las vecinas y vecinos residentes».