- La plataforma Carta contra el Hambre muestra su satisfacción por este nuevo paso en la lucha contra la malnutrición.
- Ahora espera que, cuanto antes, la Iniciativa Legislativa Municipal llegue a la Asamblea de Madrid para que pueda ser votada.
- La ILM prevé la creación de un fondo de emergencia alimentaria regional y planes municipales de “mejora del acceso a la alimentación suficiente y adecuada”.
Esta tarde se ha producido un paso importante en el camino para eliminar la malnutrición en la Comunidad de Madrid. El pleno del Ayuntamiento de la capital, con los votos del PSOE y Ahora Madrid y la abstención del PP y Ciudadanos, ha aprobado una proposición de ley de “Garantías del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid”.
Ahora Madrid y el PSOE han sido los encargados de llevar una propuesta que recoge la mayor parte de un texto elaborado por la plataforma ciudadana Carta contra el Hambre, en la que participa la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) desde sus orígenes.
Por ello, la plataforma muestra su «enorme satisfacción» por el acuerdo del pleno, que incluye el compromiso de adoptar las “medidas que se contemplan en la iniciativa, todas ellas encaminadas a garantizar el derecho básico y fundamental de las personas a una alimentación adecuada”.
El pasado mes de junio, en el marco de la II Conferencia contra el Hambre que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles, el Equipo de Gobierno de Manuela Carmena se comprometió a llevar a pleno la citada proposición, que tiene forma de Iniciativa Legislativa Municipal. Y lo mismo hicieron los representantes de los consistorios de Fuenlabrada, San Fernando de Henares, Móstoles y Getafe, que en las próximas semanas llevarán a sus plenos la iniciativa, al igual que hará Rivas.
La ILM es un instrumento de participación municipal recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid por el que los ayuntamientos pueden plantear modificaciones legales que se deben debatir y votar en la Asamblea de Madrid. Para que una ILM pueda llevarse a cabo deben plantearla al menos tres ayuntamientos con un mínimo de 50.000 electores entre los tres.
El avance de esta mañana despeja el camino para que esta iniciativa, única en el Estado español, sea registrada en la Asamblea de Madrid con objeto de que sea tenida en consideración y, a la postre, votada. La propuesta persigue que los municipios tengan, por ley, la financiación necesaria para garantizar la alimentación de todos sus vecinos y vecinas.
Tras la habitual exposición de motivos, que incluye un profuso marco normativo y la justificación de la necesidad de la ley, así como sus objetivos y principios, la ILM desgrana sus artículos, entre los que destacan los del título II, que recoge “medidas de garantía del derecho a la alimentación” como la creación de un fondo de emergencia alimentaria para toda la comunidad autónoma y planes municipales de “mejora del acceso a la alimentación suficiente y adecuada”.
Estos planes podrán incluir acciones como la creación de un tarjeta individual monetaria, el incremento de la plantilla municipal para agilizar las gestiones de la Renta Mínima de Inserción y del servicio complementario de acceso a la alimentación; la apertura de centros municipales de cultura alimentaria y la promoción del empleo de personas en situación de necesidad alimentaria en empresas de inserción social.
La ILM también establece la puesta en marcha de un Observatorio de la Emergencia Alimentaria de la Comunidad de Madrid y la creación, en cada municipio, de un órgano administrativo que fomente y facilite la “participación de las personas que se encuentren en situación de necesidad alimentaria en el proceso de elaboración y aprobación de las políticas públicas municipales de garantía del derecho a la alimentación”.
Lejos de desaparecer, la malnutrición corre el riesgo de convertirse en un mal endémico en un sector de la población madrileña, un problema especialmente grave en el caso de los niños y niñas. Así, el 6,3% de los hogares de la región vive en situación de pobreza severa, lo que afecta a algo más de 400.000 personas, y 427.000 trabajadores tienen ingresos salariales por debajo de 378 euros al mes.
El 10% de nuestros abuelos cobra menos de la mitad de la Pensión Mínima, es decir, una cuantía inferior a los 351 euros al mes, y en 2015 el 20,5% de la población de la comunidad autónoma (1,3 millones de habitantes) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, según el indicador AROPE.
