por YAGO CAMPOS
Hace apenas unos días que por fin conocimos los resultados definitivos de las elecciones y desde entonces se han sucedido innumerables debates sobre las mismas y (de nuevo) sobre los posibles pactos. Aunque sea sorprendente, este artículo no hablará sobre nada de esto. Sí lo hará sobre unas figuras presentes en cada cita con las urnas y que a veces pasan desapercibidos: los/as miembros de las mesas electorales.
Días antes de que acudiésemos a votar, cientos de ciudadanos /as es recibían la siempre temida carta comunicándoles que eran designados presidentes/as o vocales de mesa. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos para la fiesta de la democracia ya saben. Como es conocido, este cargo es de obligado cumplimiento y cabe recordar que intentar saltarse esta obligación es considerado como delito electoral, con penas de prisión que oscilan entre los tres meses y el año.
Por supuesto, se recibe una contraprestación por pasar una maratoniana jornada tachando nombres del censo y contando votos. Para estos comicios, que se preveían más austeros que en otras ocasiones tal y como no pararon de repetir los diferentes partidos políticos (aquí hablábamos sobre el tema), se estipularon unos gastos de 11.5 millones de euros en este concepto. Y precisamente por lo abultado de la cifra, uno de los trending topic en los centros de votación el 26-J siempre es si no sería más adecuado que fueran parados/as, estudiantes o personas con menos recursos quienes fueran los llamados a la fiesta y pudieran recibir ese dinero.
Es cierto que, a primera vista, la idea podría tener sentido y quizás esté cargada de buena voluntad, pero merece la pena rascar un poco más y no quedarse en la superficie. Nuestro país, es verdad, sufre una crisis social profunda, que lejos de remitir parece claro que está en pleno apogeo. Con un 28´6% de personas en nuestro país en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, tiene sentido que cualquier pequeño ingreso, en torno a los 60 euros es la cantidad que se recibe por formar parte de una mesa electoral, que pudiera recibir una persona con necesidades sería más que bienvenida. Efectivamente y como he dicho antes, aprecio la buena voluntad, pero se parte de un enfoque erróneo.
En democracia, y no me queda otro remedio que repetir la tan manida frase, los/as ciudadanos/as tenemos unos derechos y unos deberes. El derecho de voto sigue sin ser en nuestro país de obligado cumplimiento, pero velar por el buen escrutinio de los votos y correcto transcurso de la jornada electoral sí es un deber. Un deber, como hemos recordado, inexcusable y ni siquiera el hecho de querer mejorar la situación económica de las personas más desfavorecidas puede ser un atajo para saltárselo. Además, ¿cómo se sacaría adelante esta medida? ¿A través de la elaboración de un censo público con todas las personas de ingresos más bajos, parados/as o estudiantes con dificultades económicas? Así planteado, dar unos 60 euros por más de 12 horas de trabajo, casi parece más una limosna que un verdadero plan de ayuda social, y el Estado nunca debe confundir una cosa con lo otro.
Cuando se impone un deber al conjunto de la ciudadanía, no parece oportuno crear mecanismos que habiliten su no cumplimiento, aún con toda la buena fe del mundo. Si queremos que la situación de desigualdad económica se reduzca, la mejor opción es ejercer el voto a aquellos partidos que más decididamente se muestren a acabar con ella y que cualquier ciudadano, sin importar su extracto bancario, cumpla con su obligación ese día y verifique que se cumplen las reglas del juego democrático.
