Las movilizaciones en el sector público de la Comunidad de Madrid suman un nuevo capítulo. El sindicato UGT Servicios Públicos de Madrid ha convocado una concentración de trabajadores para este miércoles, 1 de julio, a las 12:00 horas, frente a la sede de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, situada en la calle O’Donnell número 50.
La protesta se enmarca dentro del calendario de acciones emprendidas para exigir la paralización del plan de externalización de la red regional de albergues juveniles. La controversia se originó a raíz de los planes de la Dirección General de Juventud —departamento dependiente de la consejería que dirige el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso— para ceder la gestión de la red de instalaciones a operadores privados. Esta medida afecta directamente a centros emblemáticos de la región como Los Batanes, Las Dehesas, El Escorial y Villa Castora, además de englobar otras prestaciones propias de dicha dirección general.
Desde la organización sindical argumentan que no concurren criterios económicos reales que justifiquen el paso a manos privadas. Al contrario, UGT sostiene que la iniciativa se traducirá en un encarecimiento de los costes para la hacienda pública, dado que obligará a dotar presupuestariamente un contrato de licitación para la compañía externa mientras, de forma paralela, la Administración autonómica deberá asumir el gasto de reubicar y recolocar a todo el personal laboral e interino actual en diferentes dependencias de la función pública institucional.
Falta de dirección y recelos sobre la viabilidad presupuestaria
Para los representantes de los trabajadores, la hoja de ruta emprendida responde únicamente a una «decisión política» o a una carencia de capacidad de los responsables del área para organizar y coordinar sus propios recursos humanos, optando por derivar la gestión operativa hacia el tejido empresarial privado sin ponderar el perjuicio presupuestario para la ciudadanía.
En consecuencia, el sindicato formalizó hace unos días una solicitud de suspensión inmediata del procedimiento de contratación aduciendo falta de base técnica, al tiempo que reclamó responsabilidades y medidas disciplinarias contra la dirección de la Dirección General de Juventud por la gestión del conflicto.
Preocupación por las actividades de inclusión y la atención a la discapacidad
Más allá de las condiciones laborales y los costes financieros, los colectivos de trabajadores inciden en la incertidumbre que rodea la continuidad y la calidad de las iniciativas de carácter social que albergan estos centros públicos de forma habitual. Las plantillas recalcan que gran parte de los programas vacacionales, de ocio y educativos desarrollados en estas instalaciones están diseñados específicamente para usuarios que presentan un elevado grado de discapacidad.
Foto: Comunidad de Madrid.
