El Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que insta al Gobierno regional a solicitar al Ejecutivo nacional una reforma profunda de la legislación vigente. La propuesta busca que la condena firme por pertenencia a organización criminal sea causa automática de la pérdida de la nacionalidad española para aquellos que la hayan adquirido (no de origen) y su posterior expulsión del país.
En la exposición de motivos, la portavoz Isabel Pérez Moñino-Aranda señala que la región vive una “situación de creciente preocupación social por el aumento sostenido de la criminalidad”, basándose en un análisis de la evolución delictiva entre 2024 y 2025.
El documento destaca datos especialmente alarmantes, afirmando que “los homicidios dolosos y asesinatos han experimentado un incremento del 80% en la Comunidad de Madrid” en el último año computado. Asimismo, relaciona el aumento del 11% en delitos de tráfico de drogas con la “actividad de grupos criminales” y advierte sobre un “deterioro claro de la seguridad pública en la región”.
El perfil de la delincuencia y los «menores inimputables»
La PNL pone el foco en el perfil de los detenidos en actuaciones policiales recientes. El texto subraya que a muchos de ellos se les imputan delitos graves y añade que “la mayoría de estos individuos eran de origen extranjero, aunque muchos poseían el DNI español”.
Otro punto de especial énfasis es el fenómeno de los menores de corta edad utilizados por estas redes. VOX alerta sobre la participación de niños de 13 años o menos, los llamados “inimputables”, quienes, según el grupo parlamentario, “cometen actos graves sin posibilidad de ser sometidos a responsabilidad penal debido a su edad”. Citando datos de la Fiscalía, la propuesta detalla que el número de menores infractores de menos de 14 años ha crecido un 7%, alcanzando los 2.964 casos.
Propuestas de reforma legal
La iniciativa sostiene que la seguridad es una “condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades” y que el marco jurídico actual resulta insuficiente ante organizaciones “cada vez más violentas y más estructuradas”. Por ello, la Proposición No de Ley plantea dos objetivos legislativos principales al Gobierno de la Nación:
- Modificación del Código Civil: Establecer como causa de “pérdida de la nacionalidad española adquirida (no de origen) la condena firme por delito de pertenencia a organización criminal”.
- Vinculación con Extranjería: Que dicha pérdida de nacionalidad conlleve directamente la “tramitación de la expulsión del territorio nacional”.
El documento concluye apelando al artículo 11 de la Constitución Española, que permite al legislador determinar las causas de pérdida de la nacionalidad adquirida, siempre bajo el “respeto al marco constitucional y a los tratados internacionales suscritos por España”.
