El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en la Asamblea de Madrid ha denunciado la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso, de un acuerdo financiero destinado a reasignar disponibilidades líquidas de diversos entes públicos institucionales para inyectar recursos en la tesorería del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La denuncia se sustenta en el expediente del acuerdo alcanzado el pasado 24 de junio de 2026, obtenido tras una petición de información formulada por la diputada socialista Sara Bonmatí.
Según refleja la documentación oficial del expediente expedido por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, la Dirección General de Gestión Económico-Financiera del SERMAS elevó en junio una solicitud de habilitación de crédito adicional por importe de 588 millones de euros para afrontar compromisos de gasto corriente en bienes y servicios del capítulo II en hospitales y centros de atención primaria. El organismo sanitario justificó la petición ante la previsión de insuficiencias de crédito para cubrir la tramitación de facturas, evitar tensiones de tesorería y, de este modo, para que esta pudiera “garantizar la continuidad en la prestación de los servicios sanitarios” y cumplir los plazos legales de pago a proveedores.
Desglose de la reasignación de fondos
Para hacer frente a parte de estas necesidades, el Ejecutivo autonómico recurrió al artículo 80.2 de la Ley 5/2025 de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta norma faculta a la titular de Hacienda a disponer, en situaciones excepcionales y previa autorización del Consejo de Gobierno, la transferencia a la Tesorería Central de los remanentes o disponibilidades líquidas no necesarias para la actividad presupuestaria de los entes del sector público.
Mediante esta vía, la administración regional autorizó la transferencia de 262,13 millones de euros procedentes de los saldos líquidos de siete organismos autonómicos:
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM): 124,00 millones de euros.
- Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid: 59,90 millones de euros.
- Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS): 32,10 millones de euros.
- Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI): 22,50 millones de euros.
- Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112): 17,50 millones de euros.
- Servicio Madrileño de Salud (SERMAS): 4,50 millones de euros.
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST): 1,63 millones de euros.
El expediente técnico concreta que los 325,8 millones de euros restantes para completar los 588 millones solicitados por Sanidad se financiarán con cargo a los créditos disponibles en el programa de «Gestión Centralizada».
Posiciones políticas discrepantes
Desde el PSOE de Madrid sostienen que esta operación supone una detracción de fondos que perjudica los servicios públicos de la región. El grupo parlamentario considera que la transferencia equivale a «recortes» directos en áreas clave como el servicio de emergencias 112, las residencias de mayores gestionadas por la AMAS o el Consorcio de Transportes. Asimismo, la formación opositora argumenta que recurrir a este mecanismo excepcional para sufragar la «actividad ordinaria» demuestra que el presupuesto de 2026 resultaba insuficiente de origen y que existía una acumulación previa de facturas pendientes de ejercicios anteriores.
Por su parte, los informes de la Intervención General y de la Dirección General de Presupuestos incluidos en el expediente justifican la legalidad del procedimiento. Los órganos técnicos de la Consejería de Hacienda sostienen que se trata de saldos en cuenta corriente no afectados a cotizaciones sociales ni a compromisos de gasto inmediato de los organismos de origen. La administración defiende que la medida busca optimizar la liquidez global de la tesorería autonómica para sostener el funcionamiento de los hospitales públicos sin incurrir en retrasos en los pagos al sector proveedor.
