El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha enviado a juicio a dos funcionarios de alto nivel de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid por un presunto delito de prevaricación a dos funcionarios de alto nivel por el derribo de una vivienda de la Cañada Real en el mes de julio de 2022 que se ejecutó pese a no existir una orden firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo de cese de uso abierto unos meses antes.
Así consta el auto al que ha tenido acceso Gacetín Madrid, por el que se continúan las diligencias contra a J. C. S. G., quien lleva cerca de veinte años siendo el Jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, y a M. G. P., ex Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real que ejerció dicho cargo desde 2021 hasta su cese en abril de 2023, por si fueran constitutivas de delito.
Según señala CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) en un comunicado, tras cerca de dos años de investigación, tanto la jueza titular como Fiscalía consideran que existen indicios de criminalidad evidentes en la actuación de estos dos cargos, el primero de ellos perteneciente al Ayuntamiento de Madrid y el segundo a la Comunidad de Madrid.
Según ha quedado acreditado, el vecino llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde el año 2006, año que adquirió la finca en la que se ubicaba la vivienda, una construcción de algo más de 80 metros cuadrados construida en ladrillo, con diversas estancias, pozo de agua y suministros. Al encontrarse en la conocida como “Zona sin asfaltar” de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse, y siguiendo el procedimiento habitual al que han sufrido otros vecinos de la zona.
Pese a que el vecino presentó alegaciones a dicho expediente hasta en dos ocasiones, y que se estaban siguiendo los trámites legales para la posible previa declaración de la vivienda como obra ilegal, el Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, «sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y solicitó su derribo».
«En cuestión de apenas 24 horas desde la comunicación del supuesto abandono y sin llevar a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo, el Jefe de Disciplina Urbanística (que conocía perfectamente la existencia de un expediente recién iniciado y recurrido, pues él mismo era el instructor de dicho procedimiento) autorizó el derribo, que se ejecutó automáticamente el 19 de julio, apenas 5 días desde la declaración de supuesto abandono», subrayan desde CAES. En ese momento el vecino se encontraba de vacaciones fuera de su vivienda desde hacía apenas una semana, y había presentado alegaciones en el procedimiento administrativo justificando y probando que la vivienda era su domicilio apenas un mes antes.
«Por parte de ninguno de los dos cargos investigados se ha podido justificar esta actuación durante la fase de Instrucción. Es evidente que ambos conocían que una orden tan lesiva como la que supone el derribo de una vivienda con más de 30 años de antigüedad sólo puede dictarse cuando existe una Resolución firme al respecto, y que la declaración de la vivienda como abandonada sólo podría afirmarse tras la práctica de una exhaustiva prueba», subrayan.
En el presente caso «no sólo no intentaron comprobar si el vecino seguía en la vivienda, lo cual habría sido harto sencillo, si no que teniendo evidentes pruebas de que así era -como los recursos presentados semanas antes, la presencia de todos sus enseres personales y su vehículo dentro de la vivienda, y las declaraciones de los vecinos que intentaron evitar el derribo- continuaron adelante con la ejecución».
Este derribo «se llevó a cabo en el marco de toda una campaña orquestada por las Administraciones públicas de acoso y derribo a los vecinos y residentes históricos de la Cañada Real, una campaña cuyo principal hito fue el corte de luz a los Sectores V y VI en octubre de 2020, y que busca expulsar a los residentes de esta zona en beneficio de los desarrollos urbanísticos del sureste que colindan con esta zona residencial, poblada principalmente por población vulnerable o de escasos recursos».
Estos hechos, según CAES, «señalan claramente y de forma directa a ambos funcionarios como posibles autores de un delito de prevaricación, por lo que la jueza ha dictado el Auto de transformación en Procedimiento Abreviado abriendo el plazo para que tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercemos los representantes legales del vecino, presentemos nuestros escritos de acusación».
