El martes, día 6 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, celebra la vista oral del juicio contra José María Ruiz Mateos Rivero por la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda Pública por el que la Fiscalía solicita una pena de dos años y tres meses de prisión para él.
El representante del Ministerio Público expone en su escrito de calificación elevado a la Sala que el procesado, junto con su padre, sobre el que las actuaciones han sido sobreseídas debido a su fallecimiento, eran administradores de hecho de la sociedad mercantil Edificio Novosur S. A., que formaba parte del entramado de entidades Nueva Rumasa.
El procesado, siempre según el relato del Fiscal, decidió y negoció junto con su padre la enajenación de 318 inmuebles a la entidad Sotohenar S. L. por un precio total de 21.000.000 euros y una cuota de IVA repercutido de 3.360.000 euros, venta que se formalizó ante notario el 15 de abril de 2004. Ante el notario, en representación de Novosur acudió una persona, a quien el acusado designó para ocultar la verdadera identidad de los mismos.
Asimismo, los acusados, a sabiendas de la obligación que ostentaban en la entidad Novosur, incumplieron sus obligaciones tributarias y no presentaron la declaración por el IVA en el ejercicio de 2004 pese a constar que realizaron la operación inmobiliaria citada sujeta y no exenta a ese impuesto y que repercutieron y cobraron al comprador. En la actualidad, la entidad Edificio Novosur S. A. carece de activos con los que pueda hacer frente a cualquier responsabilidad.
Por último, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid celebra desde el próximo jueves, día 8 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Ogum S. D., Sony J., Dlenirn Alexander L. S., Anthonios S. A., Fatai K. L., Manuel Martinho B. T., Tunde A., Pedro José Alejandro L. S., Fanny J. N., Jean Pierre Bernard V. T. Alberto Ángel B. I., Ibrahim I., Noralba L. A., Jhonson T. O. y Nuria C. C..
El representante del Ministerio Público les atribuye un delito de asociación ilícita, un delito continuado de estafa, un delito continuado de falsedad en documentos mercantiles y un delito de tenencia ilícita de armas por los que les solicitan para cada uno de ellos una pena que oscila entre los doce y los nueve años de prisión, según su grado de participación en los hechos.
La Fiscalía explica en su prolijo informe de calificación provisional de 32 folios, la manera en que los procesados establecieron un entramado, que funcionó al menos hasta junio de 2011, principalmente en Madrid, aunque también en Lisboa, Barcelona, Alcorcón (Madrid) y otras localidades para obtener una ganancia económica de carácter y naturaleza ilícita.
Así, a través de dicho entramado, en el que cada uno de los procesados tenía una función y finalidad concreta, convencían a ciudadanos que residían en países extranjeros de que habían heredado una importante suma de dinero como consecuencia del fallecimiento de un heredero residente en España o Portugal.
Para ganarse la confianza de las víctimas y dotar de credibilidad la existencia de la citada herencia, los acusados les enviaban correspondencia de instituciones o profesionales reputados, como notarios, encabezadas con sus respectivas direcciones, coincidiendo los apellidos de las víctimas con la de los fallecidos, quienes, al no residir en España, ignoraban si las mismas eran verdaderas o falsas.
Además, facilitaban un número de teléfono para contactar con la persona encargada de gestionar el cobro de la supuesta herencia. Una vez que las víctimas contactaban con el teléfono facilitado, los acusados les informaban que para el cobro de la herencia era necesario el previo pago de impuestos.
Y una vez satisfecho los primeros pagos, los acusados les volvían a pedir más dinero, bajo diferentes pretextos, remitiéndoles documentación que justificaban otros reembolsos económicos, como, por ejemplo, facturas por parte de la Comisión Europea, el importe de un certificado antiterrorista, de blanqueo de capitales y otra documentación fraudulenta. El operativo continuaba hasta que las víctimas se apercibían de que eran víctimas de una estafa.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en funciones de Policía Judicial, intervinieron a uno de los procesados, en concreto a Dlenirn Alexander L. S., una pistola semiautomática en perfecto estado de funcionamiento con sus correspondientes municiones.
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