por Pedro Molina Alcántara
Siempre que tengo oportunidad me gusta decirlo: me precio de ser un buen patriota, en el mejor sentido del término. Me considero, por tanto, no un nacionalista encerrado en unas supuestas esencias, mitos y otras identidades si no, simplemente, una persona que procura aportar su granito de arena, un granito muy humilde, en la tarea colectiva de construir una España mejor, más próspera, más democrática, mejor cohesionada y solidaria. Una España más amistosa, agradable y fraternal con sus gentes y abierta y acogedora con quienes vienen de buena fe a formar parte de nuestra comunidad, muchas veces jugándose la vida. Toda esa amalgama de seres humanos son quienes, en definitiva, construyen día a día este país con su esfuerzo, su tesón, sus sueños y cuidando unos de otros.
Para que un país funcione adecuadamente, ha de dotarse de un Estado fuerte, de un sector público formado por instituciones democráticas. transparentes, fiables, participativas, etc.; instituciones que desarrollen leyes y políticas justas, sensatas, eficaces y eficientes. El tamaño de dicho sector público debe ser razonable, ni mastodóntico ni, por el contrario, raquítico.
Llegados a este punto, la pregunta clave es la siguiente: ¿qué es lo que consigue poner en marcha la maquinaria del Estado? La respuesta es sencilla: el dinero público, el cual se recauda mediante la Hacienda Pública y se debe invertir y gastar con equidad y mesura. Hablo de los impuestos, sí, de los impuestos. Como dijo el juez estadounidense Oliver Wendell Holmes (Jr.): “Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada”. Y es que los impuestos, el resto de tributos y las cotizaciones a la Seguridad Social financian las carreteras, las escuelas, los hospitales, las bibliotecas, las becas, las pensiones y otras prestaciones sociales, los servicios públicos, los salarios de docentes, médicos, policías, jueces, fiscales, funcionarios públicos en general… Ahora bien, es innegable que pagar impuestos, contribuir, supone un esfuerzo, un sacrificio; y no se puede exigir a todo el mundo por igual sino que debe contribuir en mayor medida quienes posean mayores recursos económicos, a fin de que dichas cargas se repartan justamente. A esto se refiere precisamente el artículo 31 de nuestra Constitución, cuya lectura recomiendo.
Sinceramente, esta es una de las razones fundamentales por las que apoyo a este nuevo Gobierno que no lleva ni tres meses instalado en la Moncloa y que preside el socialista Pedro Sánchez: por su promesa de exigir que las grandes empresas, las multinacionales y los bancos contribuyan un poco más a fin de mejorar nuestros derechos, derechos que, al fin y al cabo, cuestan dinero público, dinero de todo el mundo.
Foto: Parlamento de Andalucía.
