El Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid (CPPM) ha presentado este miercoles, 21 de marzo, una querella criminal contra la concejala de Ahora Madrid, Rommy Arce, por una posible comision de delito de incitación al odio contra la Policía Municipal, a raíz de los hechos ocurridos la semana pasada tras la muerte por infarto del senegalés Mmame Mbaye.
Esta querella criminal, presentada de forma telemática este martes, y formalizada por escrito este miércoles, se une a las interpuestas por la Unión de Policía Municipal (UPM) contra Rommy Arce, contra Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, y contra Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros, por los mismos motivos que CPPM.
Además, el colectivo CPPM ha presentado un escrito instado a la Delegación de Gobierno a que investigue la posible comisión de delitos de odio por parte de distintos representantes políticos y otros particulares. En dicho escrito, al que ha tenido acceso Gacetin Madrid, se expone que los incidentes «bastante violentos y peligrosos» ocurridos en Lavapiés «parece que fueron alimentados a través de redes sociales por personas carentes de escrúpulos que están más interesados en la desestabilización que en la convivencia ciudadana».
Según ha denunciado CPPM en el escrito «existen personas que incitan y, por que no decirlo también, que ocupan cargos públicos como Concejalías del Ayuntamiento de Madrid u otros políticos carentes de responsabilidad e incluso quien se hace denominar presidente de un sindicato que a toda costa debe ser ilegal», por lo que solicitan a la Delegada del Gobierno que investigue estos hechos de presunta incitación al odio.
CPPM concluye el escrito dirigido a Concepción Dancaua recordando «las situaciones de extremo peligro que se vivieron esa tarde-noche en Lavapiés, donde adoquines de cemento volaban hacia las personas, policías y no policías; cómo se amedrentaba y amenazaba a personas mayores testigos de los hechos y, aun así, estas personas que ocupan cargos públicos políticos seguían criminalizando la legítima labor policial y haciéndoles responsables últimos de la fortuita y trágica muerte de una persona».
