por Daniel García-Quismondo.
Mi abuelo Ángel solía hacer la compra por las tiendas del barrio por el paseo de Extremadura. Me cogía fuerte de la mano, agarraba la bolsa de tela llena de botellas vacías y nos aventurábamos al desafío de cumplir escrupulosamente con la rutina diaria de la compra. Primero visitábamos la panadería, que llevaba abierta muchas horas ya, con el horno a pleno rendimiento, y ese olor tan característico de pan recién hecho. Después, tras darle un bocado al cucurucho, me volvía a coger la mano para llegar al señor del vino, que concienzudamente rellenaba las botellas, esta vez con el vino de barril, barato y fiable.
Luego íbamos a la parte más complicada, la compra en el mercado. Un mercado que solía estar vivo. Con charcutería, carnicería, pescadería. Un mercado de los que, desafortunadamente, pocas veces nos encontramos ahora.
Mi abuelo llevaba un monedero pequeñito. Era de tela negra. Por las mañanas hacía sus cuentas en un papel. Mi abuelo había trabajado en varios bares y con ellos había mantenido a sus hijos. Mi abuela era costurera y también aportaba el dinero de su trabajo. Mi abuelo tenía una pensión. Mi abuela también. Mis abuelos, y seguramente los suyos, estimado lector, tenían una pensión y era fruto del esfuerzo en todos sus años de trabajo. Pero, y ¿usted? ¿Tendrá una pensión del Estado?
El pasado 1 de marzo cientos de miles de pensionistas salieron a las calles de España para pedir unas pensiones dignas. Situémonos, brevemente, en el contexto histórico de las pensiones en España:
Es en 1931, con la Constitución de la II República, cuando se recoge por primera vez que «El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes(…) Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar…)”
En 1938 se promulga el Fuero del Trabajo en el bando franquista, que se considera la base sobre la que se construyó la seguridad Social donde dice: “el Estado valora y exalta el trabajo y lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y constituyéndolo en uno de los más nobles títulos de jerarquía y honor”. En ese mismo texto el Estado se comprometería a ampliar los seguros de vejez, invalidez o enfermedad.
Con la aprobación de la Constitución de 1978, se producen una serie de reformas en los distintos campos del sistema de la Seguridad Social.
En el artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, indicando que la asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
Con el Real Decreto Ley 36/1978, se establece un nuevo sistema de gestión realizado por los siguientes Organismos: Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Servicios Sociales, e Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social.
En la década de los ochenta alcanzaríamos ya novedades con la equiparación paulatina de las bases de cotización con los salarios reales, la revalorización de las pensiones en función de la variación del índice de precios al consumo, la ampliación de los períodos necesarios para acceder a las prestaciones y para el cálculo de las pensiones.
En 1995 se firmó el conocido como Pacto de Toledo, apoyado por todas las fuerzas sociales y políticas, como medio para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la Seguridad Social. Aparecieron medidas de mejora de la protección, las prestaciones no contributivas, se creó el Fondo de Reserva, jubilaciones flexibles e incentivación de la prolongación de la vida laboral.
Mi abuela me dijo hace unos días, “me han subido la pensión un 0.25%, ¿qué es eso?”.
“Pues eso”, le expliqué, “es una pérdida de vuestro poder adquisitivo por un aumento del coste de vida, y una subida que no es acorde con lo merecido por cada uno de nuestros mayores”.
¿Por qué no nos ponemos a trabajar ya en un modelo a largo plazo? ¿Por qué no una rebaja del IRPF a los pensionistas? ¿Por qué no una rebaja fiscal para las familias con mayores a cargo? Esto se estima que afectaría al 22 % de los jubilados y supondría un aumento de unos 60 euros en la pensión media.
Ciudadanos ha presentado hace unos días una proposición de Ley contra la Precariedad laboral, para que sea admitida a trámite, junto a medidas sociales como, por ejemplo, aumentar el permiso de paternidad (ya se ha conseguido aumentarlo a 6 semanas).
El 89 % de los contratos son temporales en este último año. ¿Cómo vamos a subir las pensiones con parches eternamente? ¿No es mejor que también podamos lograr bajar esa tasa de paro que arrastramos los últimos años, situándonos en datos paupérrimos, comparándonos con nuestros socios europeos?
Y es que 35 años de contrarreformas del bipartidismo no han conseguido una estructura fuerte de mercado laboral.
Se demandan contratos de calidad indefinidos desde el primer día.
Ciudadanos quiere que los empleados tengan derecho a recibir 20 días por año trabajado en caso de un despido procedente, aumentando en ocho días la protección para los trabajadores temporales, que solo tenían derecho a 12 días.
Pero al mismo tiempo, se necesita más flexibilidad y seguridad jurídica a empresas, pymes y autónomos, simplificando el papeleo.
¿Por qué no disponer de una «mochila de derechos» donde el trabajador acumula en una cuenta de la Seguridad Social, aportaciones de la empresa: un seguro público adicional frente al desempleo, que no sustituye al existente, sino que lo complementa y que se puede acumular hasta la jubilación?
La idea es que en esa cuenta los empresarios irán colocando un porcentaje mínimo del sueldo del trabajador (alrededor del 1%), siendo un anticipo de esas indemnizaciones que se va pagando al trabajador.
¿Y finalmente, por qué no premiar a aquellas empresas que despidan menos y tengan una temporalidad menor en su sector?
¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Por qué vamos tirando siempre del fondo de pensiones?
Pues ocurre que llevamos años parcheando con los gobiernos del PP y PSOE con un sistema de pensiones que no es sostenible. Con una tasa de poco más de dos cotizantes por cada jubilado, y bajando.
Hay que proteger los sistemas de ahorro. Llevamos años olvidando que todos llegaremos a mayores alguna vez. Olvidamos que muchos de nuestros pensionistas acaparan el único ingreso de algunas familias.
Basta ya.
