Documentos encontrados por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) revelan que hubo una presunta financiación ilegal del PP de Madrid a partir de 2004, coincidiendo con la presidencia de Esperanza Aguirre en el partido madrileño.
El coordinador territorial de Madrid, Mariano Martínez Liberali, ha denunciado que “una vez más se demuestra que el PP de Madrid sigue pensando que la comunidad madrileña es su cortijo y que puede actuar con total impunidad. Pero esto no puede quedar así, la Justicia debe actuar. La trama de corrupción de la Púnica ha demostrado que toda la cúpula pepera estaba involucrada”. Además, señala a Esperanza Aguirre como responsable máxima, ya que, “aunque siga echando balones fuera y asegurando que ella no sabía nada, están implicados consejeros y concejales que ella nombró”.
El líder magenta alega que “hay que cortar en seco esta corrupción. Luchar contra ella. La financiación ilegal es un delito” y recuerda que UPYD «ya reclamó en la pasada legislatura, cuando tenía representación en el Congreso, una financiación de partidos más transparente».
Las propuestas de UPYD para combatir la financiación ilegal son tres: condenar como delito Penal -y no una infracción administrativa- aquellas donaciones irregulares que superen los 175.000 euros en lugar del medio millón actual. Introducir como delitos el falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad; la llevanza de doble contabilidad; así como que se hubiesen cometido irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera del partido.
Y tipificar como delito el hecho de que se descubriese la existencia de cuentas o patrimonio (en España o en el extranjero) que no se encontrasen debidamente recogidos en la contabilidad del partido y, además, no se pudiesen justificar en función de la actividad habitual, el régimen de financiación o los informes del Tribunal de Cuentas.
