La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado en todos sus extremos la condena a tres años que la Audiencia Provincial impuso al administrador de la mercantil Pit Box Motos S.L. por un delito continuado de estafa agravada cometido mediante la venta fraudulenta de motocicletas a decenas de clientes en distintos puntos de España.
La resolución desestima el recurso de apelación interpuesto por el acusado y mantiene la obligación de indemnizar a los perjudicados con cantidades que, en conjunto, superan ampliamente los cientos de miles de euros. La sentencia ratifica el fallo de la AP, que consideró acreditado que el condenado desarrolló un sistema de captación de clientes basado en ofertas especialmente atractivas de motocicletas, descuentos, regalos promocionales y precios inferiores a los habituales de mercado, pese a que ya actuaba con la intención de no cumplir los contratos suscritos.
Según los hechos probados, el acusado actuaba como administrador único y responsable efectivo de la sociedad Pit Box Motos S.L., que operaba bajo distintas denominaciones comerciales y utilizaba establecimientos físicos en Madrid y Fuenlabrada, además de páginas web y plataformas de compraventa online como Milanuncios, Motos.net, Wallapop o Vibbo.
La mecánica descrita en la resolución judicial consistía en exigir a los compradores el pago anticipado de una parte importante del precio de las motocicletas -en ocasiones hasta el importe íntegro- como condición necesaria para formalizar el supuesto pedido. Los clientes realizaban transferencias o ingresos en la cuenta bancaria de la empresa convencidos de que la motocicleta sería encargada al fabricante o distribuidor.
Sin embargo, transcurrido el plazo de entrega comprometido, los compradores comenzaban a encontrar dificultades para contactar con el vendedor. Según recoge la sentencia, las respuestas se limitaban inicialmente a excusas relacionadas con retrasos de stock, problemas logísticos o cuestiones de salud del acusado. Posteriormente, cesaba toda comunicación y muchos clientes acababan encontrando cerrados los establecimientos comerciales.
El tribunal considera acreditado que las motocicletas nunca llegaron a encargarse realmente a fabricantes o distribuidores y que el dinero entregado por los clientes quedó en poder del acusado, salvo algunas devoluciones parciales efectuadas de manera puntual.
La resolución enumera un total de 59 operaciones fraudulentas vinculadas a la compraventa de motocicletas de distintas marcas y modelos, entre ellas Honda, Yamaha, KTM, Kawasaki o Suzuki. Las cantidades adelantadas por los perjudicados oscilaban desde algo más de mil euros hasta importes superiores a los nueve mil euros.
Además de las operaciones de compraventa, la sentencia da por probadas varias actuaciones relacionadas con contratos de depósito y venta de motocicletas usadas. En esos casos, distintos propietarios entregaron sus motos a la empresa para que fueran vendidas en comisión. El acusado llegó a vender algunos de esos vehículos sin entregar posteriormente el dinero obtenido a sus legítimos dueños.
La Sala también confirma la absolución respecto de varios denunciantes para los que no quedó suficientemente acreditada la existencia de una conducta fraudulenta, así como la absolución por el delito de insolvencia punible que había sido objeto de acusación.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia rechazan la principal tesis de la defensa, que sostenía que los hechos debían considerarse simples incumplimientos contractuales derivados de las dificultades económicas de la empresa y no un delito de estafa y concluyen, por el contrario, que existió desde el inicio un engaño deliberado y un ánimo inequívoco de incumplir las obligaciones asumidas con los compradores. La sentencia destaca que el acusado nunca aportó documentación que acreditara pedidos reales de motocicletas a fabricantes o distribuidores, ni justificó movimientos bancarios coherentes con la adquisición de los vehículos que supuestamente vendía.
El tribunal concede especial relevancia a la coincidencia de los testimonios de numerosos perjudicados, que describieron un mismo patrón de actuación: exigencia de pagos anticipados, promesas de entrega inminente, ofertas especialmente atractivas y posteriores excusas antes de desaparecer toda comunicación.
La Sala subraya además que el informe del administrador concursal de la empresa resultó especialmente revelador al reflejar una deuda superior a 700.000 euros correspondiente a reservas cobradas por motocicletas nunca entregadas ni reintegradas. Según recoge la resolución, esas cantidades tampoco aparecían reflejadas en las cuentas de la sociedad, lo que apuntaba a un “vaciamiento económico” de la empresa.
El tribunal considera especialmente significativo el testimonio de uno de los perjudicados que, tras no conseguir contactar con el acusado para reclamar su dinero, llamó simulando ser un nuevo cliente interesado en comprar otra motocicleta. El acusado respondió entonces con normalidad y volvió a ofrecer una nueva operación de venta, lo que la Sala interpreta como un indicio claro del carácter sistemático y deliberado del fraude.
Como consecuencia de la confirmación de la condena, el acusado deberá indemnizar individualmente a los afectados con cantidades que oscilan entre los 1.100 y más de 9.000 euros, además de devolver una motocicleta Harley Davidson entregada en depósito para su venta o compensar económicamente a su propietario si ello no fuera posible. Contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
