La Fiscalía Provincial de Madrid ha formalizado su escrito de acusación contra los nueve activistas vinculados a los colectivos “Futuro Vegetal” y “Extinction Rebellion” que el 30 de marzo de 2023 arrojaron pintura roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados. El Ministerio Público solicita para cada uno de ellos una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito contra el patrimonio histórico. Serán procesados este jueves, 21 de mayo, en el Juzgado de los Penal número 10 de la calle Julián Camarillo.
Según el escrito del Fiscal, los acusados actuaron de forma «concertada» para llevar a cabo una protesta política contra la inactividad ante la emergencia climática. Los hechos ocurrieron poco después de las 12:10 horas, cuando los activistas impregnaron con pintura de pigmentación rojiza diversas zonas de la fachada principal del Palacio de las Cortes, incluyendo la escalinata, los fustes de las columnas y la emblemática estatua del león de bronce.
La Fiscalía subraya que el Congreso es un edificio catalogado con el máximo nivel de protección (Tipo I integral) y cuenta con la incoación de expediente como Bien de Interés Cultural. Los daños causados requirieron no solo una limpieza inicial, sino una intervención especializada con tensoactivos y sistemas de decapado de barniz en el caso de la escultura del león para eliminar el «velo rojizo» persistente.
Responsabilidad civil y costas
El coste total de los trabajos de restauración ascendió a 5.863,98 euros, cantidad que el presupuesto del Congreso tuvo que sufragar. Por ello, además de la pena de cárcel, el Ministerio Público exige que los nueve acusados indemnicen al Estado de forma solidaria con dicha cuantía.
El escrito tipifica los hechos como un delito contra el patrimonio histórico (artículo 323.1 del Código Penal). Al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes, la Fiscalía mantiene su petición de 21 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Posibilidad de acuerdo
A pesar de la apertura del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, el Fiscal ha manifestado que el procedimiento es susceptible de un acuerdo de conformidad. Esto permitiría a los letrados de la defensa activar los protocolos de negociación con la Fiscalía para buscar una reducción de la pena antes de la celebración de la vista pública.
Para el acto del juicio, se propone el interrogatorio de todos los acusados, así como la práctica de pruebas testificales, periciales y documentales que acreditarán el alcance de los daños en el inmueble protegido.
