El paro ha subido en enero a 57.257 desempleados más con respecto al mes anterior. UPYD propone una serie de medidas para combatir la precarización y la estacionalidad del mercado laboral español.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en enero en 57.257 desempleados respecto al mes anterior (+1,5%), lo que eleva la cifra total a 3.760.231; mientras que la afiliación media a la Seguridad Social registró en enero un descenso de 174.880 personas.
Estos datos reflejan, para UPYD, «que la economía española está encontrando muchas dificultades para adaptarse a un entorno en constante cambio y competitivo, lo cual supone que el modelo productivo actual esté obsoleto y sea excesivamente dependiente tanto del sector servicios (especialmente el turismo, mano de obra poco cualificada y, frecuentemente, estacional) como de los costes energéticos. Fruto de ello, España está muy expuesta a factores externos (poder adquisitivo de terceros países, precios de petróleo, entre otros) y, por tanto, su modelo productivo es tan débil como frágil».
El portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia, Cristiano Brown, lamenta que, tras 10 años de crisis, el modelo productivo “apenas haya cambiado”. Además, Brown critica que el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, defienda la creación de empleos de baja cualificación para lograr el crecimiento económico. “Es inaceptable que la CEOE, el instituto de Estudios Económicos y la derecha en general dediquen más esfuerzos a que asumamos trabajos precarios, que a hacer propuestas que cambien el modelo productivo de nuestro país y generen empleos de calidad”.
UPYD aboga por iniciar «una transición planificada hacia un modelo productivo caracterizado por el empleo de mano de obra de creciente cualificación y la diversificación sectorial que reduzca la dependencia de factores externos». También pide «reformas estructurales que fomenten la libertad de empresa, la competencia, la creatividad y la llegada de nuevos emprendedores a nuestro país».
Este nuevo modelo que propone UPYD «debería mantener aquellos sectores que ya funcionen correctamente, potenciar el turismo de calidad y fomentar el desarrollo y mejora de la competitividad de aquellos sectores en crecimiento y que pueden aportar valor añadido, como son la biomedicina, la biotecnología, las Tecnologías de la Información y Comunicación, la industria agroalimentaria vinculada a la biotecnología y la industria manufacturera (en coherencia con el objetivo europeo de que suponga el 20% del PIB en 2020)».
Para ello, según los magentas, «es esencial incrementar la inversión pública en I+D+I, fomentar la solicitud de patentes en Universidades y centros de investigación públicos, y reforzar los mecanismos de transferencia del conocimiento desde las Universidades a las empresas ampliando la financiación pública de las actividades de investigación científica».
Por otro lado, apuestan por un mercado de trabajo más abierto y homogéneo. “La reforma laboral de 2012 no ha corregido sus principales defectos y la dualidad del mercado laboral se acentúa año tras año”, aseguran los magentas. Para combatirlo, UPYD plantea la introducción de un contrato único que afecte a los nuevos empleos; simplificar y clarificar el régimen de bonificaciones por contratación; y reducir los costes de cotización a la Seguridad Social en la contratación de empleados pertenecientes a colectivos que tienen mayor dificultad para acceder al mercado de trabajo (mujeres, personas mayores de 45 años y jóvenes de entre 25 y 35 años). Otro aspecto importante que promulgan es la actualización progresiva del Salario Mínimo en relación al salario medio nacional.
Por otro lado, UPYD considera que los trabajadores autónomos tienen un trato “abusivo” por parte de la Seguridad Social y de Hacienda. Para mejorar su situación, propone flexibilizar el sistema de cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social y hacerlo depender de sus rendimientos netos reales, implementándose el cálculo de las cuotas de cotización en función de los días efectivamente trabajados e incrementando el número de posibles modificaciones anuales de la base de cotización. Además, aboga por la creación de una herramienta de protección social que complemente la prestación actual por cese de actividad.
