por PEDRO MOLINA ALCÁNTARA
En el primer artículo que tuve el honor de escribir para Gacetín Madrid, hablaba de la necesidad de regenerar nuestro sistema institucional, que es aquél en el que el pueblo delega el ejercicio de los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Hablaba de la necesidad de que el sistema de elección de representantes políticos sea justo, fiable y permita reproducir de forma fiel las preferencias de la ciudadanía; que existan mecanismos complementarios de participación ciudadana más intensa o directa en la toma de decisiones políticas (derechos de la persona dentro de la esfera política, iniciativa legislativa popular, celebración de referéndums y otras consultas populares…); que las funciones administrativas y los servicios públicos sean prestados por personas seleccionadas de acuerdo con su capacidad y sus méritos mediante un procedimiento abierto, objetivo y en pie de igualdad entre todos los aspirantes; que exista un alto grado de transparencia en la actividad pública y en la privada con proyección pública y que la información sea accesible y cómoda; y, por último, que existan los incentivos y los controles necesarios (políticos, administrativos y judiciales) para prevenir usos inadecuados de las potestades públicas (abusos, comisión de infracciones administrativas o penales, omisión del deber exigible, corrupción, incumplimiento injustificable de los compromisos adquiridos…), corregirlos cuando éstos ya se han producido y sancionar a los responsables.
Cumpliendo con estas premisas, la calidad de las instituciones de un país, España en nuestro caso, sería óptima, y la realización del ideal democrático sería perfecta o casi perfecta. Sin embargo, dicha perfección solo podría darse si y solo si todos los miembros de la comunidad política poseyesen el mismo poder político. La democracia, ese sistema de gobierno que Abraham Lincoln definió como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es decir, el autogobierno del pueblo satisfaciendo los derechos de la ciudadanía y el interés general; requiere de igualdad política entre todos los ciudadanos. Formalmente, si todos los ciudadanos cuentan con los mismos derechos políticos y su voto vale igual son políticamente iguales, situación que se da (más o menos) en las democracias occidentales como la nuestra. No obstante, la realidad de nuestro país y de muchos de los países de nuestro entorno es bien distinta: la enorme desigualdad de recursos económicos se traduce en una similar desigualdad de recursos políticos. Dicho en otras palabras: quienes viven en la opulencia tienen muchísimos más elementos de análisis para formar su voluntad política, influir en los demás y en las decisiones políticas. Es ésta una de las razones por las que el Estado está legitimado para intervenir en la Economía, para evitar los abusos de las grandes empresas y del sector financiero (aunque hasta la fecha lo único que hayamos visto hacer al Estado haya sido sanear con dinero de todos a algunas cajas de ahorro mal gestionadas y permitir a los bancos desahuciar sin misericordia alguna), combatir los oligopolios fomentando la competencia, garantizar el fair play (juego limpio) en la contratación pública, favorecer el acceso al crédito y la viabilidad de proyectos de I+D+i, autónomos, pymes, cooperativas… En definitiva, acabar con el capitalismo salvaje y el de “amiguetes” (que casi siempre van de la mano) y fomentar la sana iniciativa privada, sobre todo la más innovadora y la de las empresas de economía social.
Entrando en la clase media, menguante por otra parte, podrá formarse razonablemente un criterio político propio pero su capacidad de influencia será mucho menor; y no digamos ya las personas socialmente excluidas o en riesgo de exclusión, que a duras penas podrán formarse un criterio político sólido por no poder desarrollar su talento y su capacidad de influencia es nula. Además, si perciben que el sistema político no les garantiza una vida digna ni les provee de oportunidades para garantizársela ellos mismos, ¿qué incentivos poseerán para buscar información, formarse y participar? La respuesta es sencilla: ¡ningunos! Si alguien se atreve a contestar que hay gente que es pobre porque se lo merece obtendrá por mi parte una enérgica negativa: ¡me niego a aceptar que haya gente que aporte tan poco a la sociedad que merezca ser pobre! La pobreza es una de las negaciones más crueles de la dignidad humana, quizá solo superada por la privación de la vida, la tortura y la humillación. Además, la dignidad es un atributo del ser humano per sé y, por ello, todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente. Así lo establece, por ejemplo, el artículo 10.1 de nuestra Constitución.
Para garantizar a la ciudadanía una vida digna nacieron los derechos sociales, porque la ciudadanía ha ido obligando a sus gobernantes a reconocerlos a nivel estatal puesto que no bastaba con los derechos civiles y políticos para que todo el mundo pudiese disfrutar de una vida digna. Un consecuencia de esta tarea cívica, que no se debe abandonar nunca, ha sido, por ejemplo, si nos referimos a nuestro país; que el Estado español se define como social y democrático de Derecho, aunque llevemos unos años en los que la cláusula social se encuentre en franco retroceso. Derechos sociales son la educación, la sanidad, un trabajo de calidad que posibilite la realización personal (bien remunerado, en condiciones aptas de seguridad y salud, con derecho al descanso y a la conciliación familiar, con permisos por enfermedad, maternidad y paternidad…), la cobertura frente a la vejez, el desempleo, la pobreza, las situaciones de dependencia física o psíquica, las políticas de igualdad de género (a día de hoy, por desgracia, todavía existen en nuestras sociedades residuos machistas que impiden que muchas mujeres gocen del mismo reconocimiento que los hombres en el campo social, político, económico, laboral, cultural, etc.; y lo que es más grave, que sufran la violencia de género) el derecho a disfrutar de un hogar mínimamente confortable (una vivienda en buena situación estructural, salubre, cálida en invierno y fresca en verano), a estar bien alimentado, a beneficiarse de buenos servicios públicos (transporte, electricidad, agua, pavimentación y limpieza de la vía pública…), de los avances científicos y tecnológicos de un medio ambiente protegido, el acceso a la cultura, al ocio, al deporte, al turismo, etc. Al Estado que reconoce y garantiza los derechos sociales se le llama también Estado del bienestar.
Para terminar, me gustaría decir que la peculiaridad principal del Estado del bienestar es que los derechos sociales, a diferencia de los civiles y los políticos, cuestan dinero, requieren de un desembolso de las arcas públicas. La vía principal por la que el Estado obtiene recursos para financiar sus políticas es la recaudación de impuestos, impuestos que satisfacen los contribuyentes, que son los ciudadanos con capacidad económica. De ahí los famosos lemas siguientes: ‘los impuestos son el precio de la civilización’ y ‘no hay democracia sin impuestos’. Es necesario, por tanto, crear y potenciar una conciencia fiscal ciudadana. El artículo 31 de nuestra Constitución (que a mí me parece para enmarcarlo), establece en su primer apartado que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. De aquí se desprende que lo justo es que contribuyan quienes tengan capacidad económica y que lo hagan en mayor proporción quienes más tengan, siempre que la “factura” con Hacienda no sea tan alta que impida un disfrute razonable de los ingresos, bienes y derechos propios ¿Por qué deben pagar proporcionalmente más impuestos quienes más dinero ganen? Porque si contribuyeran en la misma cantidad o proporción personas con diferente nivel económico, los de menor poder adquisitivo estarían soportando un mayor sacrificio fiscal, lo cual sería injusto. El principio constitucional de igualdad tenemos que entenderlo en materia tributaria como igualdad en el esfuerzo. Y, desde luego, también es manifiestamente injusto, por no decir sangrante, que haya gente que, pudiendo cumplir con sus obligaciones tributarias y mantener al mismo tiempo un gran nivel de vida, utilice sus recursos para escapar del control de la Agencia Tributaria evadiendo enormes sumas de dinero a paraísos fiscales ¡Que no se nos olvide nunca, los paraísos fiscales son los infiernos de la mayoría social, la que paga incluso por encima de sus posibilidades, la que más necesita de las políticas públicas!
En conclusión, para que exista mayor igualdad política está claro que hay que combatir la pobreza y la desigualdad socioeconómica. Si verdaderamente luchamos para que toda la ciudadanía tenga acceso a unos mínimos que garanticen una vida digna, todo el mundo con capacidad económica paga impuestos en su justa proporción, igualamos en derechos y oportunidades y conseguimos que el éxito económico se corresponda realmente con el mérito y no con las influencias, los privilegios o el abuso de una posición dominante; nos encaminaremos hacia la plenitud democrática.
