por PEDRO MOLINA ALCÁNTARA
Ayer, 11 de septiembre, volvió a celebrarse por toda Cataluña la Diada, su festividad como pueblo. Una vez más, esta celebración tenía una clara impronta soberanista, reclamando el llamado derecho a decidir en referéndum si quieren ser un Estado independiente, pero al mismo tiempo, celebrando la futura República Catalana, es decir, anticipando que ese referéndum tendrá un resultado fiel al sentir del Govern de la Generalitat y de la mayoría del Parlament de Catalunya. La participación parece haber descendido respecto a convocatorias pasadas, como las mismas fuentes oficiales reconocen (875 mil frente al millón y medio del año pasado). Sin embargo, sigue siendo una cifra muy considerable.
Personalmente, no puedo compartir esta posición por tres razones: en primer lugar, porque jurídicamente no es viable dada su manifiesta anticonstitucionalidad, ya que nuestra norma suprema, la Constitución Española, en su artículo 2º, considera a España como una Nación indivisible, un ente unitario. Disponer del mismo para fragmentarlo o federarlo a otros entes solo puede corresponder a la totalidad de su corpus político o comunidad política, el pueblo español. Toda España es de todos los españoles y todas las españolas, por lo que una parte del pueblo no puede privar al resto de una parte del país, llámese dicha parte Cataluña o País Vasco, por citar las Comunidades Autónomas Españolas en las que ha cuajado un mayor sentimiento soberanista. Esto es así no por ninguna imposición sino porque así se decidió democráticamente en 1978 y la mayoría de los españoles hemos mantenido también democráticamente esa decisión en todas las contiendas electorales que se han sucedido desde entonces, toda vez que nunca hemos optado por votar mayoritariamente a fuerzas políticas proclives a dividir nuestro país en otros Estados independientes. Además, así lo reconoce la Comunidad Internacional y el Derecho que de ella deriva, que solo prevé el derecho a la libre determinación de los pueblos, o derecho de autodeterminación, en el caso de colonias, pueblos sometidos a subyugación u ocupación extranjera (Palestina o Sáhara) o poblaciones que han sufrido violencia o discriminación por razones étnicas, de credo (Kosovo o Tíbet)… Las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 1514 (XV) y 2625 (XXV) establece que, fuera de los procesos de descolonización, el derecho a la secesión solo cabe en casos extremos como los que he citado. Además, la Resolución 2625 (XXV) defiende la integridad territorial de un Estado si éste reconoce igualdad de derechos a todos los ciudadanos y su gobierno es representativo de todos ellos incluyendo, obviamente, a los miembros del territorio que invoca el derecho a la libre determinación. España cumple con estas premisas y, además, todos los territorios españoles cuentan con un Estatuto de Autonomía. Precisamente, el País Vasco y Cataluña poseen el mayor régimen de autogobierno de toda España. Los sectores ideológicos que sustentan el llamado derecho a decidir esgrimen que es una figura jurídica distinta del derecho a la autodeterminación lo cual me parece un argumento poco consistente: si el ejercicio de semejante derecho puede desembocar en la secesión de un territorio respecto del resto del país al que pertenecía, hablamos del derecho de autodeterminación, se enmascare como se quiera enmascarar.
En segundo lugar, me opongo al reconocimiento del derecho a decidir o autodeterminación de cualquier territorio de España por una razón política: estos procesos generan gran inestabilidad política e inseguridad jurídica y económica, someten a los Estados a una situación indeseable de incertidumbre, imprevisibilidad… Se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban ni el tiempo que sus consecuencias perniciosas pueden perdurar. De hecho, el mismo concepto de Estado evoca una idea de permanencia, estabilidad y solidez, lo contrario de transitoriedad.
Y, en tercer lugar, me opongo por razones éticas: me considero una persona cosmopolita, universalista, un ciudadano del mundo que considera que es más lo que nos une a todos los seres humanos que lo que nos separa pues compartimos la misma condición humana, la capacidad de sentir, de empatizar… ¿Cómo voy a ver con buenos ojos el levantamiento de fronteras si lo que quiero es que, progresivamente, vayan cayendo las que existen a día de hoy? La independencia acarrea una fractura social muy difícil de digerir y no se debe banalizar con ello. Comprendo a la gente que, de buena fe, por razones no excluyentes, ha creído que, por ejemplo, en el caso catalán, si Cataluña se independizase, sería más fácil construir un Estado más democrático y justo, pero, al menos para mí, esa gente de bien ha caído en la trampa del nacionalismo excluyente, que, en el fondo, consiste en pensar que hay algo genético, orgánico, una suerte de “genio catalán” que es superior al del resto de españoles, que somos una rémora, un lastre para el progreso, en algunos casos por discriminación hacia Cataluña y en otros por inferioridad cultural. Esas ideas, muy propias de Jordi Pujol por poner un ejemplo, no son admisibles porque son contrarias a la idea misma de dignidad humana. Yo invito a los catalanes y a las catalanas a que junto al resto de españoles y españolas construyamos una España mejor, un país del que todos nos podamos sentir orgullosos. Se puede mejorar el régimen de autogobierno de las Comunidades Autónomas que así lo reclamen, se puede afirmar su carácter nacional, yo soy un ferviente defensor del federalismo porque entiendo que en España conviven diferentes realidades socioeconómicas y singularidades culturales que se pueden atender mejor desde diferentes niveles de gestión político-administrativa, acercando muchos asuntos a la ciudadanía pero sin fracturar el proyecto común de convivencia que es España, que es muy bello y tiene mucho sentido, sin atacar su soberanía, sin identidades colectivas que asfixien la individualidad de cada ser humano…
Recientemente, el exministro socialista Josep Borrell ha publicado un libro titulado Las cuentas y los cuentos de la independencia (coescrito con Joan Llorach), en el que desmonta las tesis soberanistas de los supuestos agravios desde el Estado español y de que la Comunidad Internacional reconocería la soberanía de una Cataluña independizada unilateralmente. En dicho libro, tras concluir que Cataluña está infrafinanciada, no en los términos que afirman los partidos soberanistas pero sí en dos o tres mil millones de euros, reflexiona en voz alta: “¿merece la pena la independencia con las nefastas consecuencias que acarrearía para todos y todas por eso? Dialoguemos, pactemos, cedamos todos”. Coincido plenamente con él.
