por RAMÓN MARTÍNEZ
El debate sobre la posible regulación del vientre de alquiler en España sigue abierto, y cada cierto tiempo se retoma de forma encarnizada. Queremos recuperar este artículo de opinión de Ramón Martínez:
Si la donación de órganos no fuera anónima y se pudiera ofrecer a cualquier persona una cuantiosa «compensación económica» por cederle gratuitamente -nótese la sutil paradoja- un riñón, para reparar las molestias ocasionadas por el proceso y sus consecuencias, hace mucho tiempo que habría protestas para exigir la prohibición de esa forma encubierta de explotación.
Pero si en lugar de un órgano en sí se tratara de un proceso fisiológico el que se «alquila», bajo la simulación de gratuidad compensada, quizá sería más complicado apreciar que también queda encubierto el abuso. Aunque si fuera posible médicamente una «digestión subrogada» o una «diálisis subrogada», y algunas personas se ocuparan de tarde en tarde en ceder de forma supuestamente gratuita su habilidad para digerir comida o filtrar la sangre en beneficio de otras personas, no creo que se tardara en denunciar tales prácticas. Pero si son las mujeres las que «donan» su capacidad para convertir embriones en adorables bebés la cosa cambia mucho.
Ya ha pasado tiempo desde que un extraño debate consiguió abrirse un hueco entre las demandas de los colectivos en defensa de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. Aprovechando que para dos hombres es bastante difícil conseguir descendencia, pues las leyes de acogida y adopción son restrictivas en exceso, algunas clínicas especializadas en reproducción asistida comenzaron a extender su negocio hacia las parejas de varones, ofreciéndoles como solución a su deseo de ser padres lo que llaman «gestación subrogada», que consiste en conseguir un embrión para después insertarlo en el útero de una mujer, que lo gestará hasta el nacimiento de un bebé, de manera voluntaria o a cambio de una «compensación» por su esfuerzo, es decir, cobrando por un supuesto trabajo.
Una práctica considerada ilegal en casi todo el planeta podría regularse rápidamente aprovechando el alza de la reivindicación de los derechos LGTB, aunque es cierto que apenas un 20% de los demandantes de esta práctica son parejas del mismo sexo. Las clínicas están consiguiendo hacer pasar éste por el siguiente paso tras el Matrimonio Igualitario: la posibilidad de conseguir hijos biológicos. Así consiguen difundir un gran negocio: el que habitualmente se viene conociendo como «vientre de alquiler», cuya denominación hoy se edulcora como «gestación subrogada», y se difunde en numerosos reportajes que ensalzan las maravillas que supone para tantas parejas que consideran ésta la única manera de obtener descendencia. En España son ya más los casos de «gestación subrogada» que de adopción.
No entraré a valorar más que brevemente si es adecuado o no defender esta práctica: creo firmemente en que supone uno de los ataques más graves que se pueden producir hoy contra los derechos de las mujeres, precisamente porque el discurso que sostiene las bondades de la gestación subrogada se articula sobre una supuesta libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Hay que reconocer que la habilidad para disfrazar de Feminismo la comercialización y explotación del cuerpo de las mujeres requiere de un talento que sólo la posición hegemónica del machismo podía haber conseguido. Claro que la inteligencia del Feminismo ha respondido ya con una fuerte campaña, No somos vasijas, denunciando las trampas que se esconden tras esta práctica que supuestamenete libera a las mujeres… sólo para concederles la libertad para decidir lo que siempre se ha intentado que decidan: parir hijos.
Ciudadanos, el partido al que con más alharacas vemos últimamente defender los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, presentará esta semana en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para instar al gobierno a regular la «gestación subrogada» en España. Supongo que desconocen que ya está regulada, y prohibida, porque en los artículos 220 y 221 del Código Penal se condena con una pena de seis meses a dos años de prisión a la gestante, que son de uno a cinco años si hay compensación económica, y que la misma pena habrán de cumplir quienes reciban al menor como hijo propio. Aunque me inquieta que nadie recuerde ambos artículos, especialmente los jueces para aplicarlos, me tranquiliza descubrir que esta defensa a ultranza de los derechos LGTB que parece hacer Ciudadanos no es sino una forma de pinkwashing -defender la Diversidad Sexual y de Género para esconder el ataque a otros derechos- que trata de disfrazar una de las habituales acometidas contra los derechos de las mujeres a las que nos tiene acostumbrados esta formación política.
¿Qué respuesta dar a una iniciativa así desde el pensamiento socialista? Si algo define nuestra forma de pensar es que uno de nuestros principales fundamentos es la defensa de la libertad. Y aquí cualquiera podría interpretar que sería lógico apoyar esta propuesta, si no fuera porque en el planteamiento socialista la libertad se construye de forma colectiva. No hay libertad posible sin Igualdad, y ninguna decisión es verdaderamente libre si compromete la libertad de otras personas.
Son cada vez más las noticias que evidencian la barbarie que la «gestación subrogada» anda provocando en el mundo: granjas de mujeres más o menos disfrazadas de civilizados hospitales donde recoger durante nueve meses a las gestantes, controlando todos y cada uno de sus movimientos y procesos durante el embarazo. Dice el lobby que defiende la práctica de la «gestación subrogada» que es precisamente para evitar esto para lo que se necesita una regulación. Pero no dejo de afirmarme en que el mero hecho de que exista la posibilidad de que en nuestro norte occidental se lleve a cabo el proceso, aun de forma gratuita, genera una cadena cuyo último eslabón son las mujeres hacinadas y encadenadas en chozas de Nigeria. Una «decisión libre» provoca que, para facilitarla en caso de que sea difícil obtenerla libremente, sea posible ofrecer una compensación económica, que a su vez genera un mercado que ha de satisfacer también a quienes deseen ser padres pero tengan menos medios para conseguirlo y, para ello, se nutre de las mujeres más desfavorecidas del planeta.
La «gestación subrogada» no soluciona más que aparentemente el problema de la consecución de descendencia, mientras genera infinitos problemas. Regular en España el procedimiento sería una victoria pírrica del colectivo LGTB, pues se llevaría por delante derechos de las mujeres que tanto han luchado por conseguir. La solución sensata y segura es modificar la legislación sobre acogida y adopción, que hace crecer derechos, también para los miles de niños y niñas que esperan un hogar. Como dijimos en mil ocasiones «no al machismo», digamos ahora con convencimiento pleno «no a la explotación de las mujeres», «no a la «gestación subrogada». Porque así nos lo pide nuestra ética.
