El crecimiento de un vertedero ilegal en la frontera con Vicálvaro genera alarma en el barrio de Parque Henares

El problema viene de lejos, pero en las últimas semanas se halla totalmente descontrolado. Por eso, la Asociación Vecinal Parque Henares, recogiendo la voluntad de los habitantes de este barrio de San Fernando ha solicitado a las autoridades que lo aborden con urgencia. Desde las viviendas que miran hacia el municipio de Madrid, sus moradores pueden observar como día a día crece el vertedero ilegal que desde hace años se encuentra en un terreno no urbanizado del Cerrillo del Tesoro, en el distrito de Vicálvaro. Camiones, furgonetas y coches descargan, de manera completamente irregular, todo tipo de desechos en la margen madrileña de la carretera de Mejorada. A los habituales escombros de obra y cartelones publicitarios retirados se han añadido en los últimos meses residuos orgánicos, textiles, plásticos y hasta bombonas de butano, generando auténticas montañas de basura. Ante la inminente subida de las temperaturas, la asociación vecinal del barrio afectado teme la llegada de plagas de insectos o roedores, enmarcando la problemática en una cuestión de salud pública.




Aunque las parcelas sobre las que se levanta la escombrera ilegal, que pertenecen a varios particulares, se encuentran en el término municipal de Madrid, las viviendas damnificadas están en la localidad de San Fernando de Henares. Y, como es habitual, las soluciones de contenciosos ubicados en espacios fronterizos tienden a dilatarse en el tiempo, cuando no a perderse ad eternum en laberintos administrativos. Nadie se quiere hacer cargo.

En las últimas semanas, la asociación vecinal Parque Henares ha trasladado la cuestión a las concejalías de Medio Ambiente de los dos ayuntamientos aludidos, así como a la Junta Municipal de Vicálvaro, obteniendo siempre buenas palabras y el compromiso de una pronta solución. De hecho, el departamento que dirige Inés Sabanés ha asegurado que de inmediato se pondrá en contacto con los propietarios de los terrenos y les dará un plazo de dos meses para que los limpien.

Hartos de soportar una situación que dura ya demasiado tiempo, los vecinos persiguen una solución definitiva, algo que pasa por obligar a los dueños de las parcelas a que se hagan cargo de su mantenimiento y conservación, así como por una rápida actuación de la Administración para evitar la proliferación de vertidos como consecuencia del efecto llamada.

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