Desde que la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia entró en vigor en España, la Comunidad de Madrid ha registrado una tendencia marcadamente restrictiva en las solicitudes vinculadas a la salud mental. Un análisis pormenorizado de los datos de la Consejería de Sanidad revela que, de las 40 peticiones presentadas por ciudadanos cuyo sufrimiento derivaba de un trastorno psíquico, la administración solo ha autorizado y llevado a cabo una prestación.
El grueso de la actividad administrativa en este área se ha traducido en negativas. Hasta el momento, 33 solicitudes han sido denegadas por la Comisión de Garantía y Evaluación de la región, lo que representa más del 80% de los casos. Por otro lado, la administración mantiene todavía 6 expedientes en fase de tramitación, pendientes de un dictamen definitivo que determine si cumplen con los requisitos legales.
La barrera del «sufrimiento intolerable» y la cronicidad
La clave de este alto índice de rechazos reside en la interpretación técnica de los preceptos de la LORE. Los evaluadores madrileños aplican un filtro exhaustivo para verificar que el solicitante padece una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante. En el contexto de la salud mental, el desafío radica en certificar que el paciente ha pasado por todas las etapas terapéuticas posibles y que su deseo de morir no es un síntoma reversible de su propia patología.
Fuentes del sector sanitario indican que la Comisión actúa bajo un principio de máxima cautela, exigiendo informes psiquiátricos que demuestren que el juicio del individuo no está comprometido y que su situación de «sufrimiento constante e intolerable» no tiene visos de mejora con nuevos tratamientos. Esta postura ha situado a Madrid como una de las autonomías con los criterios más exigentes para validar el derecho a la prestación de ayuda a morir en casos no somáticos.
Comparativa y balance regional
Aunque el dato de salud mental es el más polémico por su bajo nivel de aprobación, el balance general de la eutanasia en Madrid (sumando todas las causas) muestra un funcionamiento más fluido en enfermedades terminales de origen físico, como el cáncer o patologías neurodegenerativas. Sin embargo, el informe oficial del 4 de mayo subraya que, en el ámbito de la psiquiatría, la «ayuda a morir» sigue siendo una excepción absoluta dentro del sistema público madrileño.
