La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Municipal de Madrid y la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, ha investigado a tres personas por su presunta implicación en la comercialización fraudulenta de 119 corderos.
Los animales, destinados a la venta con motivo de la Fiesta del Cordero celebrada el pasado mes de mayo, carecían de garantías sanitarias y de la documentación legal necesaria para su traslado y venta. Las pesquisas comenzaron a principios de mayo, cuando agentes de la Policía Municipal detectaron la descarga irregular de un grupo numeroso de ganado ovino en una parcela situada en la Cañada Real Galiana.
Tras identificar al transportista y a la persona encargada de recibir a los animales, se constató que el ganado estaba siendo distribuido de forma ilícita para el consumo masivo durante la celebración religiosa. Ante la situación, el Servicio de Ganadería de la Comunidad de Madrid solicitó la intervención urgente del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
La inspección técnica reveló que los 119 corderos, de unos cuatro meses de edad, no portaban crotales de identificación, el sistema obligatorio para garantizar la trazabilidad y el origen de los ejemplares.
Falsedad documental y riesgos sanitarios
La investigación determinó que el traslado de los animales, realizado desde la provincia de Guadalajara, incumplía la normativa vigente. Los certificados aportados por los implicados indicaban que el destino final del ganado era un matadero en Zaragoza; sin embargo, las pruebas recabadas demostraron que los corderos nunca llegaron a dicho destino.
Se sospecha que la documentación fue manipulada intencionadamente para ocultar el paradero real de los animales y eludir los controles sanitarios obligatorios. Dada la falta de trazabilidad y el riesgo potencial de transmisión de enfermedades, la Comunidad de Madrid ordenó el sacrificio sanitario de los 119 corderos intervenidos.
Situación procesal
Los tres investigados —el propietario de los animales, el transportista y el receptor en Madrid— están siendo procesados por un presunto delito de falsedad documental. La investigación permanece abierta para esclarecer todos los detalles de esta red de distribución paralela. Mientras tanto, las autoridades reafirman su compromiso con la seguridad alimentaria, subrayando la importancia de adquirir productos cárnicos exclusivamente a través de los cauces comerciales y sanitarios autorizados.
