La Guardia Civil, en el marco de la operación Goscan, ha puesto a disposición judicial a 20 personas, de las cuales 14 han sido detenidas y otras seis investigadas por delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental. La investigación ha permitido desarticular un entramado dedicado a la comercialización de perros a los que se practicaban amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo, utilizando documentación falsificada para tratar de aparentar que las intervenciones se habían realizado legalmente.
La organización operaba en distintos puntos del territorio nacional y mantenía además una actividad internacional que incluía la exportación y venta de ejemplares en México.
Amputaciones en orejas y rabo de perros
La investigación se inició después de que un mastín italiano ingresara en un hospital veterinario de Cáceres debido a una patología médica. Durante la atención al animal, los veterinarios detectaron que presentaba amputaciones recientes en las orejas y el rabo. Los agentes identificaron al propietario del perro, quien aportó una certificación según la cual las intervenciones habían sido realizadas en Rusia, país donde este tipo de prácticas estéticas están permitidas.
Sin embargo, las gestiones realizadas por los investigadores con las autoridades rusas permitieron confirmar que el documento era falso y que había sido elaborado para aparentar la legalidad de las amputaciones y eludir la normativa española. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta el criadero de procedencia del animal, ubicado en Alicante. En una primera fase de la operación fueron detenidas tres personas: el propietario del mastín y los dos responsables del criadero. Posteriormente, los investigadores destaparon un entramado más amplio, liderado por la propietaria del criadero, su pareja sentimental y una tercera persona, amiga de ambos, que también fue detenida.
Vídeos para enseñar cómo curar las heridas
La organización se dedicaba a la comercialización de ejemplares caninos y llegaba a pactar con los compradores la realización de cortes de orejas y rabo en función de sus preferencias estéticas. Pero la actividad de la red iba más allá de la propia venta de los animales.
Los responsables del criadero entregaban a los compradores documentación falsificada para aparentar que las amputaciones habían sido realizadas legalmente y, además, les enviaban vídeos explicativos en los que mostraban cómo realizar los cuidados posteriores y cómo curar las heridas provocadas por las intervenciones. De esta manera, la trama facilitaba a propietarios de las animales instrucciones sobre el tratamiento de las lesiones derivadas de unas cirugías que eran conscientes de que se habían realizado de forma ilegal.
Los investigadores han constatado que tanto vendedores como compradores conocían la ilegalidad de las intervenciones y la falsedad de la documentación utilizada para justificarlas. Por estos hechos, seis personas están siendo investigadas penalmente. Asimismo, los agentes comprobaron que varios compradores adquirieron inicialmente los perros con las orejas y el rabo intactos y posteriormente decidieron someterlos por iniciativa propia a este tipo de cirugías. En relación con estos hechos han sido detenidas otras nueve personas.
La investigación también permitió descubrir la participación de un veterinario colegiado, que fue detenido por su presunta colaboración con la organización. Según las pesquisas, este profesional proporcionaba a la responsable del criadero pasaportes y documentos oficiales en blanco que ya estaban firmados y sellados con su número de colegiado.
Implantación de microchips sin titulación o habilitación
Posteriormente, la titular del criadero se encargaba de cumplimentar dichos documentos. Los investigadores también comprobaron que ella misma implantaba los microchips a los cachorros de las camadas, pese a carecer de la titulación o habilitación veterinaria necesaria para realizar esta práctica.
La operación ha permitido poner al descubierto una estructura que combinaba la comercialización de animales, la realización o facilitación de amputaciones estéticas ilegales y el uso de documentación falsificada para tratar de dar apariencia de legalidad a estas intervenciones. Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Novelda (Alicante).
