El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la suspensión cautelar del derribo de los inmuebles situados en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros, el antiguo restaurante Baobab, en el barrio de Lavapiés, estimando la solicitud presentada por el Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, en el marco del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del español de la Comunidad de Madrid.
Tras su derribo se planeaba construir un hotel cápsula para el alojamiento turístico de corta duración. Para la portavoz socialista Reyes Maroto, “la decisión judicial evita de manera inmediata la demolición de unos edificios que forman parte del tejido histórico tradicional de Lavapiés y cuya desaparición habría supuesto un daño irreversible para el patrimonio cultural madrileño”.
El recurso del PSOE pretende impugnar la resolución firmada el 22 de mayo de 2026 por el director general de Patrimonio Cultural y Oficina del español, por la que se acordó el levantamiento de la suspensión cautelar de las actuaciones que pudieran afectar a los inmuebles y se autorizó la continuación de los trabajos amparados por la licencia de demolición.
La solicitud presentada por el Grupo Socialista se apoya en un informe pericial que acredita la existencia de valores históricos, arquitectónicos, documentales, tipológicos y ambientales en ambos inmuebles y cuestiona los argumentos utilizados por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid para autorizar la reanudación de las obras de derribo.
En este sentido, el edil responsable de Urbanismo del Grupo Municipal, Antonio Giraldo, ha destacado que el grupo municipal ha trabajado “con profesionales del patrimonio, de la arquitectura y de la historia”, así como con entidades ciudadanas dedicadas a la defensa del patrimonio madrileño, que venían advirtiendo de que los inmuebles “podrían corresponder, con altísima probabilidad, a edificios originales del siglo XVII”.
Giraldo ha explicado que, para solicitar las medidas cautelarísimas, el Grupo Municipal encargó “un informe pericial firmado por un doctor en Arquitectura” que, según ha señalado, rebate la resolución de la Comunidad de Madrid. “La resolución por la que se acordaba levantar la suspensión y permitir la demolición incurría en contradicciones que no se sostenían”, ha afirmado.
“Nos alegramos de que el TSJM haya admitido el informe pericial y de que ahora se pueda dirimir en sede judicial el valor de los inmuebles. Toda pelea es poca para preservar el patrimonio madrileño”, ha subrayado Giraldo.
El informe pone de manifiesto que los edificios conservan elementos característicos de la arquitectura histórica madrileña y que su presencia aparece documentada en algunas de las principales fuentes históricas de la ciudad, desde el Plano de Teixeira de 1656 hasta la cartografía y documentación urbana del siglo XIX. Asimismo, destaca que los inmuebles se encuentran dentro del ámbito de dos Bienes de Interés Cultural: el Conjunto Histórico del Recinto de la Villa de Madrid y la Zona Arqueológica del Recinto Histórico.
La resolución del Tribunal supone un importante respaldo al principio de precaución en materia de protección patrimonial, al reconocer la necesidad de preservar los inmuebles mientras se resuelve el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto. “Valoramos una decisión que permite evitar un daño irreparable al patrimonio histórico de Madrid y garantiza que el debate sobre el futuro de estos edificios pueda resolverse con todas las garantías jurídicas y técnicas”, ha señalado Maroto.
Según el documento pericial, la conservación del patrimonio no puede depender únicamente de si un inmueble figura o no en un catálogo administrativo. La legislación patrimonial protege también aquellos bienes que acreditan valores históricos, culturales y ambientales relevantes para la memoria colectiva de la ciudad.
Maroto ha denunciado además el modelo urbanístico impulsado por el equipo de Almeida para este enclave histórico de Lavapiés. “Resulta incomprensible que el Consistorio haya permitido la desaparición de dos inmuebles integrados en el paisaje tradicional del barrio para facilitar una operación vinculada a usos turísticos de corta estancia, en un momento en que Lavapiés sufre una creciente presión inmobiliaria y turística que amenaza la permanencia de sus vecinos y la conservación de su identidad histórica”.
“Madrid no puede seguir perdiendo patrimonio arquitectónico y memoria urbana para sustituirlos por modelos de explotación turística que aportan escaso valor al barrio y contribuyen a su transformación acelerada. La protección del patrimonio y el derecho de los vecinos a conservar la identidad de sus barrios deben situarse por encima de intereses especulativos y de proyectos que homogeneizan la ciudad y erosionan su singularidad”, ha concluido la edil.
Foto: Antonio Giraldo.
